Durante demasiado tiempo se nos hizo creer que subir los salarios era una temeridad y que conformarse con lo justo, o incluso con menos, era una virtud. Que tener empleo, aunque no permitiera vivir con dignidad, ya era suficiente. La nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional vuelve a poner las cosas en su sitio: el trabajo no puede condenar a la precariedad, y garantizar salarios dignos no es una amenaza para la economía, sino una condición imprescindible para que sea justa.
Este lunes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presidido la firma del acuerdo de subida del SMI para 2026 junto a los sindicatos Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras. Con este nuevo aumento, el Gobierno da un paso muy relevante para mejorar la vida de 2,5 millones de trabajadores y trabajadoras, especialmente mujeres y jóvenes, que concentran buena parte de los salarios más bajos. Es la octava subida del salario mínimo desde 2018, con un incremento acumulado superior al 66 %. No es una casualidad ni una corrección automática: es una decisión política consciente, basada en una idea tan sencilla como transformadora: que trabajar permita vivir con dignidad.
Conviene recordar de dónde venimos. El salario mínimo existe en España desde los años sesenta, pero no es hasta 1980, con la aprobación del Estatuto de los Trabajadores, cuando se consolida como un derecho laboral plenamente reconocido. Desde entonces, su evolución ha dependido siempre de la correlación de fuerzas políticas y sociales. Cuando la clase trabajadora ha estado organizada y respaldada por gobiernos comprometidos, el SMI ha avanzado. Cuando no, se ha estancado o ha perdido poder adquisitivo.
Por eso es imprescindible reconocer la capacidad de diálogo del Gobierno de España y el papel central de UGT y CCOO, que representan con orgullo a millones de personas trabajadoras y recuerdan cada día que los derechos laborales no se regalan: se conquistan y se defienden. Nada de lo que hoy se firma habría sido posible sin negociación colectiva, sin sindicatos fuertes y sin una agenda política que sitúe la dignidad del trabajo en el centro.
El dato del 66 % de subida desde 2018, con un Gobierno liderado por el PSOE, marca una diferencia incontestable con lo que ocurrió durante los años de gobierno del Partido Popular. No solo en época de crisis, cuando se optó por congelaciones o subidas simbólicas, sino también en periodos de crecimiento económico, el salario mínimo no acompañó la bonanza. Mientras aumentaban el PIB y los beneficios empresariales, los salarios más bajos quedaban al margen. Aquello no fue una fatalidad económica, sino una decisión ideológica: asumir que el crecimiento no tenía por qué repartirse.
Hoy, sin embargo, la realidad es otra. España crece al 2,8 %, muy por encima de la media europea. El IBEX registra máximos históricos. Los beneficios empresariales baten récords año tras año. Y, sin embargo, la patronal ha decidido no estar en este acuerdo. La pregunta es inevitable: ¿dónde está la patronal cuando los buenos datos se acumulan? Porque esos buenos números no caen del cielo. Son posibles gracias al trabajo diario de millones de personas que sostienen la economía con su esfuerzo.
No es admisible que, en un contexto de bonanza económica, se mire con lupa el salario de quien cobra el mínimo mientras se mira hacia otro lado cuando se registran beneficios multimillonarios. La patronal puede decidir borrarse del acuerdo, pero no lo hacen muchas empresas que sí entienden que sus trabajadores y trabajadoras son su mejor y mayor activo y que un salario digno no es un problema, sino una inversión en estabilidad, productividad y cohesión social.
Este aumento del SMI envía un mensaje muy claro a millones de personas: vuestro trabajo importa, vuestra dignidad importa. Y envía también un aviso a quienes se oponen sistemáticamente a cualquier avance social: España no va a volver al “trabaja más y cobra menos”, ni a la lógica de los sacrificios siempre para los mismos. Cuando toca apretarse el cinturón, nos lo apretamos todos. Igual de proporcional y colectiva debe ser en época de bonanza. Más y mejor cohesión social.
Que no nos engañen, el debate sobre el SMI no es técnico, es profundamente político. Habla de qué modelo de país queremos ser. De si aceptamos que haya personas que, aun trabajando, no puedan acceder a derechos básicos como una vivienda digna, o si creemos que el trabajo debe garantizar unas condiciones mínimas de vida.
Se trata de decidir sí queremos el modelo Milei, en Argentina, que es el que propone Ayuso, Feijóo y Abascal. Que mientras extiende el insulto en las redes sociales, al presidente Pedro Sánchez y a las fuerzas progresistas, en el fondo lo que añoran y defienden de forma acérrima es volver a un pasado sin derechos disfrazado de una libertad que no lo es.
Subir el salario mínimo no es radicalidad ni intervencionismo: es democracia social. Y si algo demuestra este 66 % de subida es que cuando se gobierna para la mayoría, la economía no se resiente. Se fortalece. Porque cuando el salario mínimo sube, no pierde la economía. Gana la dignidad y gana la democracia.
