VALENCIA. Acció Cultural del País Valencià ha decidido recientemente cerrar las emisiones de los repetidores que emitían la señal de los canales de la Televisió de Catalunya en la Comunitat Valenciana tras la acumulación de multas por parte de la Generalitat. Estos repetidores se instalaron durante la década de los 80, cuando aun no había nacido la Radio Televisió Valenciana.

Para cualquier demócrata y defensor de la libertad de expresión, este hecho es fácilmente censurable, y recuerda a las actitudes de regímenes autoritarios de latitudes lejanas. ¿Qué habrá llevado a esta persecución por parte de la Administración autonómica en este momento? Por un lado tenemos unas elecciones autonómicas y locales en un par de meses, diferentes casos de corrupción que apuntan hacia significados líderes del partido gobernante en la Comunitat Valenciana y además, hace unos meses, la Sindicatura de Comptes publicaba un demoledor estudio sobre la gestión de RTVV.

En cuanto a las dos primeras razones, se puede relacionar con la agitación del fantasma del catalanismo. Este es un fenómeno que siempre ha dado votos al Partido Popular en la Comunitat Valenciana, aislando a los demás partidos políticos y haciéndose éste con el monopolio de la defensa de los intereses valencianos.

Todo conduce a que el hecho determinante es la situación actual de RTVV. Como todos sabemos las comparaciones son odiosas, y la calidad de los programas e informativos de Canal 9 son un insulto a la inteligencia humana. La audiencia se encuentra en mínimos históricos (un 7,8 % frente al 16,7% de TVC), cuando además, el citado informe califica la situación financiera que conduce necesariamente a la disolución. ¿Cómo hemos llegado a esta situación?

Por un lado, en los últimos años, la cifra de empleados ha crecido exponencialmente hasta la cifra de 1.800 trabajadores (solo por comparar, la TV catalana cuenta con 800 empleados y la gallega con 1.000). Durante estos años la subcontratación de contenidos ha aumentado de forma paralela a la de empleados. Si a esto le unimos la compra de derechos deportivos difícilmente justificables o las inversiones en eventos como la ruinosa visita del Papa a Valencia, podemos hacernos una idea de cómo hemos podido llegar a unos resultados negativos de 212 millones de euros en 2009 y a una deuda acumulada, y sin freno, de 1.139 millones de euros.

Los valencianos tenemos la obligación de defender nuestros derechos: por un lado la posibilidad de ver TV3 en la Comunitat Valenciana y por otro la de disponer de una TV propia, de calidad y viable económicamente. En el primer caso esperemos que la negociación entre las dos partes lleve hacia la reciprocidad de las emisiones en ambos territorios, y que sean anuladas las sanciones a ACPV, que son desmesuradas y obedecen a criterios partidistas.

Lo que será más complicado tras este acuerdo, es que los telespectadores catalanes puedan disfrutar de una TV aceptable, en nuestra propia lengua y que pueda hacer una mínima sombra a TV3. La situación es crítica, con un ERE masivo a la puerta, unas deudas que ahogan a la industria audiovisual valenciana y unos directivos que no parecen dispuestos a asumir sus propias responsabilidades, por ser ineficientes e ineficaces.

Por lo que el mensaje debe ser claro: salvemos TV3, pero sobre todo Canal 9. Una solución idónea a largo plazo, propia de tiempos de crisis, sería establecer el modelo de la Télévision suisse romande, de los cantones francófonos de Suiza. Una TV cogestionada por los diferentes territorios de habla valenciano-catalana, financiada proporcionalmente según el número de habitantes, con una producción descentralizada y que respete las diferentes variantes lingüísticas. Puede que sea una utopía pero, ¿qué otra solución nos queda?