Parece que hayan pasado años, pero no, fue el 28 de abril pasado, hace apenas 8 meses.

El gran apagón que dejó ese día sin electricidad a buena parte de España no fue un accidente ni un hecho imprevisible. Fue la consecuencia de operar el sistema eléctrico sin márgenes de seguridad suficientes. Dicho de otro modo, se asumió un riesgo que no debía asumirse y el sistema falló.

La electricidad se produce y se consume al mismo tiempo. Si ese equilibrio se rompe bruscamente y no hay respaldo suficiente, la red se protege apagándose. No es ideología ni relato político: es física.

El día del apagón, España funcionaba con una estructura especialmente frágil, con mucha generación renovable y poca generación síncrona —nuclear, hidráulica o gas—, que es la que aporta estabilidad cuando algo falla. Las renovables son necesarias, pero no sostienen por sí solas el sistema en situaciones críticas.

No falló una central concreta. Se produjo una reacción en cadena de desconexiones automáticas que solo ocurre cuando la red se opera demasiado cerca del límite. Eso no es lucha contra el cambio climático, es imprudencia.

El operador del sistema es Red Eléctrica de España, responsable de garantizar la estabilidad técnica. Por encima está el Gobierno, que define el modelo energético y los márgenes de seguridad. Y, sin embargo, a día de hoy nadie ha asumido responsabilidades: ni dimisiones, ni ceses, ni una explicación clara de quién decidió operar así.

No fue un ciberataque, ni sabotaje, ni meteorología extrema, ni culpa directa de las renovables. Fue mala gestión del riesgo.

La transición energética es necesaria, pero no puede hacerse jugando a la ruleta rusa con el sistema eléctrico. Cuando un país se queda sin luz y no pasa nada —nadie responde, nadie dimite, nadie explica— el mensaje es claro: el problema no es el apagón, es que se ha normalizado la irresponsabilidad. Y cuando eso ocurre, el próximo apagón deja de ser una posibilidad para convertirse en una certeza.