Esta semana, abocados a la disyuntiva de aprobar o rechazar la tramitación del decreto-ley gubernamental con las medidas para protegernos de las consecuencias económicas de la guerra de Irán, los diputados del Partido Popular se han abstenido. En mi opinión, deberían haber votado en contra. Y no tanto por los contenidos del decreto, casi todos los cuales coincidían con las medidas que ellos habían sugerido, sino por una cuestión de principios. Regulados en el artículo 86 de la Constitución, estos decretos están previstos para situaciones de excepcional urgencia. Incluso así, los constituyentes, sabiendo que se elaboran y aprueban al margen del Congreso, impusieron la condición de que deberían ser avalados o rechazados por los congresistas en el plazo máximo de treinta días desde su promulgación. No obstante, durante ese mes surten efecto, pudiendo originar ciertos cambios, aunque luego sean derogados.

Pues bien, desde que Sánchez fue nombrado presidente, sus gobiernos vienen emitiendo unos veinticinco decretos por año, lo que duplica la media de los gobiernos anteriores, fuesen socialistas o populares. ¿Es que se producen cien situaciones excepcionales cada cuatro años? Obviamente, no. Si tal fuese el caso, el calificativo de excepcional perdería todo su sentido. Ni siquiera los guionistas de Los jueves, milagro, la película dirigida en 1957 por Luis García Berlanga en la que las fuerzas vivas de un pueblo en decadencia se inventan la aparición de un santo para atraer turistas religiosos, prolongaron la farsa más de tres jueves consecutivos. En efecto, si se convierte en rutinario, cualquier milagro deja de serlo para pasar a la digna condición de ley de la Naturaleza. Pues bien, lo mismo les ocurre a las situaciones políticas excepcionales, que dejan de serlo si ocurren seis o siete veces al trimestre, como pretenden los sanchistas.

Los contenidos de los decretos no son homogéneos, ciñéndose a la situación supuestamente excepcional que los motiva, sino unas mezcolanzas de churras con merinas"

 

En realidad, lo que sucede es que el Gobierno carece de un apoyo parlamentario suficiente para dirigir la nación de forma democrática. Atrapados en la contradicción de que las leyes que les aprueben sus aliados de extrema izquierda, sean separatistas o solo plurinacionales, las rechazarán sus aliados de derechas, todos ellos separatistas, y viceversa con las demás leyes, el gobierno ha recurrido a abusar de los decretos. Para colmo, los contenidos de esos decretos no son homogéneos, ciñéndose a la situación supuestamente excepcional que los motiva, sino unas mezcolanzas de churras con merinas que ponen a los congresistas en el trance de rechazar las medidas que les parezcan razonables para no aprobar medidas contrarias a sus programas. Y todo eso en un contexto de no haber aprobado en esta legislatura ninguna ley de Presupuestos, resultado derivado de la heterogeneidad de las fuerzas políticas que auparon a Sánchez a la Presidencia. Jactándose el así elevado de que podría gobernar sin el parlamento, en efecto, no se ha tomado la molestia ni de presentar las leyes anuales presupuestarias, violando así lo que prevé la Constitución, ni ha sometido al criterio de los congresistas medidas tan importantes como enviar fragatas a Chipre o renunciar a cumplir los compromisos que firmó con los demás miembros de la OTAN. En suma, ha emprendido una deriva que nos aleja de las formas habituales en democracia.

Pero la desvergüenza ha alcanzado una nueva cota con la actitud de sus aliados de extrema izquierda en lo relativo al decreto ley sobre vivienda. Conscientes de que será desestimado por los congresistas, han desatado una campaña instando a los inquilinos a aprovechar el mes de vigencia para obtener efectos supuestamente irreversibles. Esa actitud consiste en gobernar deliberadamente contra la voluntad del Congreso, lo que solo puede calificarse de antidemocrática. Tampoco es de extrañar en gentes que asesoraron a Maduro y abrazan a Díaz Canel, sendos dictadores contemporáneos. Ante esa situación, que amenaza con deteriorar gravemente nuestra democracia, el PP debería haberla denunciado y, renunciando a valorar los contenidos de los próximos decretos, anunciar que votará en contra para no hacerse cómplice de esa taimada estrategia de puentear al Congreso. No está escrito en ningún sitio que la democracia sea un logro irreversible. Y, si no, que se lo pregunten a los venezolanos.