Hay acontecimientos que nos obligan a detenernos. El accidente ferroviario de Urda, en Toledo, es uno de ellos. Detrás de las cifras hay personas, familias destrozadas y vidas interrumpidas. Antes de cualquier análisis están las víctimas y su derecho a conocer la verdad. Pero las grandes tragedias no terminan en el lugar del accidente. También sacuden la sociedad, alteran la agenda política y abren una batalla por el relato. Y ahí comienza otra cuestión: quién aprovecha sus consecuencias y con qué propósito.
La teoría del caos nos recuerda que un acontecimiento inesperado puede desencadenar consecuencias difíciles de prever. En política, una crisis puede cambiar prioridades, debilitar gobiernos y modificar expectativas electorales.
No hace falta provocar un acontecimiento para intentar beneficiarse de él. Basta con interpretar el momento, imponer un relato y orientar la indignación pública.
En las primeras horas posteriores al accidente circularon hipótesis sobre un supuesto sabotaje y la intervención de actores extranjeros. No hay pruebas que las respalden. La investigación debe avanzar sin presiones y sin convertir especulaciones en certezas. La prudencia no significa dejar de preguntar, sino distinguir entre hechos, hipótesis e intereses.
La crisis migratoria de Ceuta ha vuelto a poner sobre la mesa la vulnerabilidad de nuestras fronteras y la complejidad de las relaciones con Marruecos.
El Gobierno de Pedro Sánchez ha defendido que se trata de un fenómeno complejo y multicausal, ha anunciado medidas de refuerzo y ha señalado que no existen pruebas concluyentes de una intervención marroquí. El PP, por su parte, ha cuestionado la previsión y la gestión del Ejecutivo y ha reclamado responsabilidades políticas.
A esta confrontación se sumó Donald Trump, que utilizó la crisis para atacar al Gobierno español, vinculándola también a sus discrepancias con España sobre el gasto en defensa y la OTAN.
Tres posiciones, tres intereses y una misma crisis convertida en escenario político. Una muestra más de cómo los problemas nacionales pueden adquirir dimensión internacional y ser utilizados por distintos actores para reforzar sus propios discursos.
La crítica es legítima. El oportunismo con el dolor, no"
España tampoco está al margen de las tensiones internacionales. La posición del Gobierno de Pedro Sánchez sobre Israel y la guerra de Gaza ha generado un enfrentamiento político y diplomático con el Ejecutivo de Benjamin Netanyahu. En este contexto conviene observar el papel de las organizaciones de influencia favorables a Israel, como ACOM, cuya actividad pública incluye la interlocución con representantes políticos y la defensa de las relaciones entre España e Israel.
No se trata de atribuirles responsabilidades que no están demostradas ni de relacionarlas con el accidente. Se trata de reconocer que los grupos de presión y los intereses geopolíticos forman parte del debate público y deben estar sometidos a transparencia y escrutinio democrático.
La oposición tiene la obligación de exigir explicaciones, fiscalizar la gestión y reclamar responsabilidades. Pero existe una frontera que no debería cruzarse: convertir el sufrimiento de las víctimas en un instrumento partidista.
Y conviene hacer memoria.
En 2002, el desastre del Prestige evidenció graves deficiencias en la gestión de la crisis y en la comunicación del Gobierno de Aznar.
En 2003, el accidente del Yak-42 costó la vida a 62 militares españoles. A la tragedia se sumaron las identificaciones erróneas de 30 de ellos y años de lucha de sus familias para conocer la verdad.
En marzo de 2004, los atentados del 11-M dejaron una herida imborrable. La insistencia inicial del Gobierno en atribuir la autoría a ETA, pese a los indicios que apuntaban al terrorismo yihadista, provocó una profunda crisis política e institucional.
No se trata de comparar tragedias ni de utilizar unas víctimas contra otras. Se trata de recordar que la transparencia y la responsabilidad no pueden depender de quién gobierne.
El PP y Vox pueden y deben exigir explicaciones por lo ocurrido en Toledo. La pregunta es si lo harán con rigor, esperando a los resultados de la investigación, o si convertirán el accidente en una nueva herramienta de desgaste político.
La crítica es legítima. El oportunismo con el dolor, no.
En el escenario internacional, la victoria de Lula da Silva frente al bolsonarismo representa un acontecimiento de enorme dimensión política. Su resultado vuelve a demostrar que las fuerzas de derecha radical no son invencibles y que las mayorías sociales pueden reconstruirse.
La experiencia brasileña ofrece una reflexión para la izquierda española: no basta con esperar los errores del adversario. Hace falta proyecto, autocrítica, capacidad de movilización y, sobre todo, volver a conectar con los problemas cotidianos de la ciudadanía.
Vivienda, empleo, salarios, sanidad y educación deben ocupar el centro del debate. La gente necesita respuestas y motivos para confiar.
Una tragedia pertenece, ante todo, a quienes la sufren. No debería pertenecer a ningún partido ni convertirse en patrimonio de ninguna estrategia electoral. Sin embargo, la política no se detiene. Los acontecimientos generan oportunidades y distintos actores intentan orientar sus consecuencias en función de sus intereses.
Por eso debemos exigir una investigación rigurosa sobre el accidente de Urda, conocer la verdad y depurar las responsabilidades que correspondan. Sin ocultaciones, pero también sin precipitaciones. Y debemos exigir coherencia a todos: que la responsabilidad política no dependa del color del Gobierno, que la memoria no sea selectiva y que las víctimas no se conviertan en munición electoral.
Porque la política puede convertir una tragedia en una oportunidad, pero la dignidad humana, la verdad y la memoria deben estar siempre por encima de cualquier batalla por el poder.
