En el sur del País Valencià el agua no es un asunto técnico: es estructural. Es economía, es paisaje, es agricultura, es historia y supervivencia. Vivimos en un territorio tensionado por la escasez hídrica, por la irregularidad climática y por un modelo productivo que abusa de nuestros recursos. Por eso resulta tan incomprensible que, cuando por fin se impulsa uno de los proyectos más inteligentes y sostenibles de las últimas décadas, vuelva a imponerse la vieja guerra política del agua entre un Gobierno de España de izquierdas y un Consell valenciano de derechas. Otra guerra estéril más.
Hablo del proyecto Vertido 0, que nace con una idea tan sencilla que cuesta pensar que no la imaginaran antes PP y PSOE, los dos partidos que más han gobernado: dejar de verter al mar agua depurada que puede reutilizarse. Estamos hablando de aprovechar alrededor de 27 hectómetros cúbicos anuales que hoy se pierden en la bahía de Alicante y destinarlos al riego agrícola —en comarcas como el Baix Vinalopó o la Vega Baja— y a usos urbanos en la ciudad de Alicante, como el mantenimiento de zonas verdes o la limpieza viaria. Es decir, convertir un residuo en recurso para, por un lado, ayudar a la agricultura y por el otro, a la Bahía de Alicante y a la propia ciudad de Alicante, donde los baldeos brillan por su ausencia.
No es un proyecto menor. Supone una inversión de 340 millones de euros. Es una actuación de escala territorial que mejora la autonomía hídrica, reduce la presión sobre acuíferos y trasvases, y refuerza la resiliencia frente a sequías cada vez más frecuentes. En un contexto de cambio climático, apostar por reutilización no es una opción ideológica: es pura racionalidad.
Y lo digo también desde la responsabilidad personal. Junto a la entonces consellera Isaura Navarro, fui una de las firmantes del acuerdo entre la Generalitat Valenciana y el Gobierno de España que permitió encauzar este proyecto. Sé de primera mano el esfuerzo técnico y político que costó sacarlo adelante. Por eso duele especialmente ver cómo ahora se utiliza como arma arrojadiza en lugar de consolidarlo como política de Estado —o, al menos, de territorio.
El Partido Popular de la Comunitat Valenciana ha hecho durante años de la “guerra del agua” su bandera. “Cada gota cuenta”, repiten. Sin embargo, cuando ha tenido que demostrarlo con hechos, la coherencia ha brillado por su ausencia. Según la información pública disponible, el Consell no avanzó en los trámites que le correspondían —ni licitaciones de las obras en Rincón de León y Monte Orgegia ni adquisición de terrenos— poniendo en riesgo la financiación europea prevista. Y en ese contexto, para tapar sus miserias se han lanzado a una guerra de declaraciones contra el Gobierno sobre quién es el culpable del parón del proyecto.
Es legítimo exigir recursos al Estado, pero resulta difícil conciliar el discurso épico del agua con la dejadez administrativa. Lo que no es legítimo es bloquear o retrasar la parte propia y después culpar al resto. Si cada gota cuenta, también cuenta cada expediente, cada licitación y cada firma que no se tramita a tiempo.
Pero sería igualmente irresponsable convertir esta crítica en un relato unilateral. El Gobierno de España también tiene deberes pendientes. El proyecto necesita encaje definitivo en la planificación hidrológica futura, garantías presupuestarias y seguridad jurídica para evitar que los retrasos administrativos se traduzcan en pérdida de fondos o en una dilación indefinida. No hay excusas para ninguna administración para no avanzar en este asunto.
Lo paradójico es que Vertido 0 representa exactamente lo contrario a la vieja política hidráulica basada en promesas grandilocuentes y soluciones milagro. No depende de trasvases imposibles ni de discursos maximalistas. Es una apuesta por cerrar el ciclo del agua, por la economía circular y por la eficiencia. Es, probablemente, el proyecto hídrico más sostenible y realista que ha tenido la provincia de Alicante en décadas.
Y quizás ahí radica parte del problema. Porque hablar de sostenibilidad implica reconocer el cambio climático. Implica asumir que la gestión del agua en el siglo XXI no puede seguir anclada en debates del siglo XX. Y ya hemos visto, en episodios como la Dana, que el Partido Popular es más de relativizar la emergencia climática antes que adaptar las políticas públicas a la nueva realidad. Eso sí, las culpas siempre al otro.
Así, resulta llamativo que se reclame periódicamente agua del Ebro mientras se deja escapar la que ya tenemos disponible. Se invoca la eficiencia mientras se pierden fondos europeos por falta de diligencia. Se habla de gestión supereficiente mientras los trámites se encallan.
Basta de hipocresías. Vertido 0 no debería ser patrimonio de ningún partido. Es patrimonio de la ciudadanía del sur del País Valencià. La política está para resolver problemas, no para fabricarlos. Y la ciudadanía no paga a sus representantes para asistir a guerras estériles, sino para que gestionen con eficacia, coordinación y visión de futuro. Menos demagogia hidráulica y más responsabilidad institucional. Si cada gota cuenta, que cuente también cada trámite.