Pedro Sánchez pidió perdón el otro día por algo que, aseguró, no tiene que ver con el Gobierno ni con el PSOE, pero no dijo, como Juan Carlos I, que no volverá a ocurrir. Porque volverá a ocurrir.

Debemos tener presente que mientras los socialistas y todos aquellos que decían que no había nada de nada se dan golpes de pecho ante la confirmación de lo que ya sospechábamos, en algún lugar de España hay políticos que siguen trincando y empresarios que siguen pagando mordidas. 

Mordidas no tanto por adjudicaciones de contratos, que ahora están más vigiladas, como por los modificados de obra, los sobrecostes, que pasan más inadvertidos, no están sometidos a la concurrencia competitiva porque la obra ya está adjudicada y solo necesitan un informe técnico y una firmita de un señor al que nadie pide explicaciones.

La corrupción sigue ensuciando la política porque no se castiga como es debido. Casi nadie va a la cárcel por robar a las administraciones públicas, gracias a un Código Penal laxo y a una justicia aún más laxa que tarda una eternidad en resolver y en muchos casos acaba pactando penas que no implican la entrada en prisión. Y cuando tienen que entrar, a esperar el indulto fuera de la cárcel. 

¿Será capaz el Gobierno de Sánchez de concederle el indulto a Laura Borràs como le exige Junts, ahora que su supervivencia política depende más que nunca de Junts? Va a pagar también ese precio.

Sería la guinda de un líder político que llegó hablando de tolerancia cero contra la corrupción pero que ha rebajado en el Código Penal el castigo al delito de malversación –él y los partidos que lo apoyan– y ha situado el Tribunal Constitucional como una instancia judicial adicional para salvar a políticos corruptos condenados por un tribunal, el Supremo, que por algo es o era denominado "el Alto Tribunal".

La primera medida de lucha contra la corrupción es la transparencia, y el Gobierno de Sánchez no ha hecho nada por mejorarla, todo lo contrario. Ya conté aquí cómo este periódico tuvo que ir a los tribunales para conseguir un informe de la Abogacía del Estado, que el Gobierno nos acabó enviando cuatro años después cuando ya no le importaba a nadie. Pero es que el Ministerio de Hacienda sigue negándose a facilitar informes de la Abogacía sabiendo que está obligado a ello.

No hay castigo para la opacidad. Civio –medio que lucha por la transparencia– consiguió en 2019 una sentencia del Tribunal Supremo que decía que los gobiernos están obligados a facilitar los nombres y sueldos de los asesores, tal como hace la Generalitat valenciana desde hace años.

Civio lleva desde entonces peleando por saber quiénes son los cerca de mil asesores que tiene el Gobierno de Sánchez y la mayoría de los ministerios se niegan a facilitarlos con las más variadas excusas, a pesar de la sentencia del Supremo y de decenas de resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno que los ministerios se pasan por el arco del triunfo como si tuvieran algo que ocultar.

En la Comunitat Valenciana también vamos para atrás. Tenemos el caso de la Agencia Valenciana Antifraude, dinamitada por el Consell de Carlos Mazón, quien debió pensar que no puede ser que continúe publicando las vergüenzas de las administraciones valencianas ahora que el PP gobierna en la mayoría de ellas. Con lo bien que le venían al PP, cuando estaba en la oposición, los informes de Antifraude para atacar a Ribó, Oltra o Puig; con lo eficaz que fue la difusión de la actuación de Antifraude para frenar la corrupción en Divalterra.

Pues ahora no. Tras cambiar la ley y poner a Eduardo Beut al frente, las denuncias de una contratación ilegal o de unos sobresueldos indebidos sirven para que Antifraude avise en secreto al autor del fraude pero sin hacer público el fraude. Es estupendo para los chorizos metidos en política, ir haciendo chanchullos y cuando les pillan, les avisa Beut para que devuelvan el dinero pero nadie más se entera.

Así se hace grande la corrupción, pasando por alto los pequeños fraudes o tapándolos. Mucha gente cree exagerada la causa criminal por la contratación del hermano de Sánchez, pero lo que es lamentable es que ese tipo de fraude, el nepotismo, no sea considerado perseguible penalmente para muchos jueces y fiscales que consideran que debe resolverse en la vía contencioso-administrativa.

Si estuviéramos en el Reino Unido, un escándalo como el de Ábalos y Santos Cerdán se habría resuelto en 24 horas. Habría dimitido el primer ministro que los puso ahí, el partido gobernante se habría reunido para elegir un sucesor, y a rey muerto, rey puesto.

Pero esto es España, donde no dimite ni dios y la democracia parlamentaria es más compleja, más burocrática, más lenta, más española. 

El plan de Sánchez de continuar su mandato como si nada hasta 2027 se parece mucho al de Mazón, quien tampoco dimitió cuando tocaba, dicho sea sin ánimo de comparar los motivos por los que cada uno debería haberse marchado. Mazón se encomendó a la reconstrucción, y Sánchez, a una auditoría. 

No lo va a tener fácil el presidente del Gobierno. El demoledor informe de la UCO es solo el principio. Ahora vienen las imputaciones a políticos y empresarios, las citaciones en el juzgado y los pactos con la Fiscalía para cantar la Traviata a cambio de no entrar en la cárcel. Los empresarios suelen ser los primeros ‘arrepentidos’. Esta película ya la hemos visto.