El otro día murió una mujer de 87 años y la reacción generalizada en redes, foros y chats fue de lo más curiosa: se hablaba más del rédito electoral que Pedro Sánchez podía sacar que del lamentable suceso en sí. Todo vale, estamos en campaña.
Mucho se ha criticado a Sánchez por querer convertir las elecciones generales del 29 de noviembre en un plebiscito sobre su política de vivienda, si se puede llamar "política de vivienda" a la batería de improvisaciones a la que nos tiene acostumbrados últimamente.
Pero lo cierto es que el de la vivienda no es un motivo menor para decidir el voto. Hay otros muchos, sí, pero ahí surge la pregunta: ¿Por qué votamos a fulano y no a mengano o a zutana? Los convencidos de que los suyos tienen razón ya tienen decidido su voto, pero en el caso de los indecisos, ¿qué les motiva a elegir una u otra lista?
¿Será la corrupción? ¡Venga ya! A un servidor le parece que la corrupción es motivo suficiente para dejar de votar a un partido, pero no es el caso de la mayoría de la población, como se demostró en la reelección de Felipe González en 1993 o en la victoria récord de Paco Camps en 2011.
¿Puede ser Ceuta? Podría haber sido si la invasión se hubiese producido ayer, pero han pasado dos meses y aquello se va solucionando poco a poco. El 29 de noviembre, pasados cuatro meses, la penosa gestión de la crisis por parte del Gobierno solo será un apunte en la lista de reproches de Feijóo y Abascal.
- Foto: EFE/ BORJA SÁNCHEZ-TRILLO
Lo que no va a resolverse es la crisis de la vivienda, que incluso puede evolucionar a peor si se cumplen los negros augurios de quienes pronostican una retirada de pisos en alquiler del mercado. Una retirada que tiene su lógica porque cada uno mira por sus intereses y muchos propietarios han visto perjudicados los suyos.
Los ideadores de la repetición, una vez disuelto el Parlamento, del decreto Maricarmen por parte del Consejo de Ministros pensaron que era una jugada maestra, pero pasaron por alto que las circunstancias ya no eran las mismas que cuando el Congreso derogó los primeros decretos, y no me refiero a las mayorías. Ya no eran las mismas porque el propietario que tiene pisos para alquilar sabe ahora —y antes no— que el 29N hay unas elecciones tras las que es probable que el gobierno salido de las urnas, de PP y Vox, derogue las normas del decreto Maricarmen. Y puede que decida dejarlas fuera del mercado hasta que se aclare el panorama.
¿Influye la situación socioeconómica? Sospecho que sí. Las crisis suelen provocar cambios de gobierno (González, Zapatero, Fabra...) y lo de la vivienda no deja de ser una crisis. Es un buen motivo para decidir el voto, por lo que sería de agradecer que los partidos políticos enseñaran sus cartas además de dedicarse a criticar las del contrario.
Los programas electorales, que en este periódico escrutamos en cada convocatoria para que los lectores conozcan la oferta de los diferentes partidos y coaliciones, deberían contener una detallada relación de medidas sobre vivienda, para que cada votante pueda combinar esos compromisos con la credibilidad que le merezca el político de turno y así decidir a quién votar.
En el encendido debate se oyen opiniones maximalistas que pretenden confrontar los derechos de propietarios con los de los inquilinos como si fueran incompatibles. Blanco y negro, buenos y malos, vulnerables y buitres...
La pregunta que deberían despejar en los programas es hasta qué punto deben intervenir el Gobierno y las comunidades autónomas en el mercado de la vivienda y del alquiler, que siempre ha estado intervenido (duración de los contratos, aumentos anuales, fianzas...).
- Foto: FRANCISCO J. OLMO / EP
Algunos propietarios defienden que no debería limitarse su derecho a expulsar a los inquilinos o a subir la renta lo que les dé la gana porque creen que la vivienda es una propiedad privada igual que un coche o unas acciones de Telefónica, y las limitaciones coartan su derecho a disponer de su propiedad como le plazca. Opinan que un fondo con sede en NY tiene derecho a comprar un edificio con 50 familias que llevan ahí viviendo décadas, pagando sus mensualidades, para echarlas cuando acaben sus contratos y así sacar más rendimiento a la inversión con, por ejemplo, residencias de estudiantes. Es legal.
La mayoría pensamos que una vivienda no es como un coche. Dentro viven familias que tienen una vida y pertenecen a un barrio del que es injusto que se les expulse solo para que un fondo extranjero pueda ganar más dinero.
Pero, ¿cómo impedir que esto siga pasando sin perjudicar los derechos de los propietarios que no se dedican a especular y a los que con determinadas medidas se les hace cargar con la ineficacia de las Administraciones a la hora de garantizar el derecho a la vivienda?
Los partidos deben explicar cuáles son sus propuestas, su modelo. Un debate que se entremezcla con el de modelo de grandes ciudades hacia el que nos encaminamos, nada que no hayamos visto ahí fuera —algunas ciudades como Ámsterdam o Barcelona intentan revertirlo—, con un centro franquicia tematizado para turismo y servicios y una periferia donde está la vida real.
Esperamos con interés sus promesas, que luego seguramente no cumplirán. Pero eso ya no está en nuestras manos.
PS: Una huelga general es una cosa muy seria que se avisa con tiempo y se acaba convocando si el Gobierno de turno no responde a las reivindicaciones sindicales. UGT y CCOO se han equivocado. Han devaluado la entidad de esta medida de fuerza al dejarse arrastrar por el Sindicato de Inquilinas a una huelga, a dos semanas de unas elecciones generales, para protestar contra no se sabe quién.
