VALÈNCIA (EFE-F. Tomás-Valiente). Los juzgados de la Comunitat Valenciana tienen bloqueados en sus arcas un total de 373.653.758,96 euros esperando a que la Justicia resuelva los distintos procedimientos que han llevado a su incautación o a su depósito provisional y, por tanto, inmovilizados.

La Comunitat es la cuarta en dinero consignado en juzgados y tribunales, una posición proporcional a su población. La Comunidad de Madrid es la primera, con 852.433.398 euros, seguida por Andalucía (633 millones retenidos) y Cataluña (casi 550 millones), según datos facilitados por el Ministerio de Justicia.

Destaca la elevada cifra que está bloqueada en las cuentas de juzgados y tribunales alicantinos (que es, redondeando, de 178.603.253 euros), muy por encima de la de Castellón (36.366.968) e incluso por encima de la acumulada en Valencia (158.683.536).

La explicación puede ser compleja pero, en principio, indica que hay procedimientos con una gran cuantía de dinero en espera dentro de los juzgados y tribunales de esa provincia, que por razones de población tiene menos actividad judicial que Valencia.

Aunque este dinero genera intereses a favor del Tesoro Público, no fluye al circuito económico ni genera empleo ni riqueza. Permanece inmovilizado porque los tribunales tardan años en resolver los asuntos que han obligado a ordenar estos depósitos.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia valenciano han señalado a Efe que esta situación pone de manifiesto el coste que conlleva olvidar las reformas que necesita la Administración de Justicia para ser más rápida.

Para dar una idea de lo paradójico del asunto, cabe señalar que los presupuestos de la Generalitat para el área de Justicia prevén en 2020 un gasto de 352,7 millones de euros, con la modernización de la Administración de Justicia como su objetivo clave.

Es decir, la lentitud de la Justicia mantiene inmovilizados en los juzgados de la Comunitat más millones de euros de los que el Consell invierte anualmente en tratar de modernizar la parte de esta Administración que depende de él.

En realidad, la lentitud de la Justicia no es responsabilidad directa del Gobierno valenciano. El grueso de las reformas, legislativas y de reorganización de medios humanos y materiales, además de mejor dotación económica, según las citadas fuentes judiciales consultadas, debería acometerse desde el Parlamento y el Gobierno central.

En toda España, el total inmovilizado es de más de 4.400 millones de euros, una cifra que se mantuvo más o menos estable a lo largo de 2019, según datos facilitados por el Ministerio de Justicia; las cantidades van descendiendo a medida que se ejecutan sentencias y van aumentando con, por ejemplo, nuevas fianzas.

La cantidad ha venido variando entre los 3.000 y los casi 5.000 millones en los últimos años. A lo largo de 2019 reportó al Estado unos intereses trimestrales que variaron de los 17.672.203,68 euros en los primeros meses del año a los 18.276.789,28 obtenidos en julio, agosto y septiembre del mismo año.

El origen de este dinero es muy diverso, pues va del pago de fianzas para cubrir responsabilidades penales (por ejemplo, para salir en libertad provisional) o civiles (como para garantizar que se abonará una eventual indemnización), a los embargos pendientes de resolución o las incautaciones policiales relacionadas con el narcotráfico.