Pedro Sánchez ofrece diálogo a los transportistas y asegura que garantizará el orden público

VALÈNCIA (EFE). El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha expresado este viernes su "absoluta empatía" ante las demandas de los transportistas y por eso ha ofrecido diálogo, pero ha llamado a la calma ante las acciones violentas de "una minoría" y frente a las que ha asegurado que el Ejecutivo garantizará el orden público.

Sánchez se ha referido a las movilizaciones de los transportistas en declaraciones a los periodistas en Roma tras reunirse con los primeros ministros de Italia, Portugal y Grecia para buscar un consenso en la UE para la reforma del mercado energético.

El jefe del Ejecutivo ha recordado que su Gabinete está manteniendo desde hace tiempo un diálogo constante, "casi diario", con el sector del transporte.

Por tanto, al ser preguntado si el Gobierno estaría dispuesto a dialogar con los convocantes de las manifestaciones, ha insistido en que el diálogo está abierto.

"Absoluta empatía, absoluta disposición a continuar el diálogo. Ahora bien, el Gobierno tiene la exigencia de garantizar el orden público ante determinadas conductas que afortunadamente son minoritarias pero que están actuando de manera vandálica cuando no violenta", ha precisado.

Por eso ha hecho una llamada a la calma a esta minoría y a que se exprese libremente pero sin caer en una "dinámica de violencia" porque eso contraviene la convivencia en un momento tan difícil como el que esta viviendo España y toda la UE por las consecuencias de la guerra en Ucrania.

Sánchez ha añadido que el Gobierno está en garantizar que productores, distribuidores, transportistas y consumidores tengan todas las garantías y que el día a día se desarrolle de la manera más normalizada posible.

De ahí que haya insistido en llamar a la responsabilidad de esa minoría que actúa en ocasiones de manera violenta y a su solidaridad con la sociedad.

"Hacemos un llamamiento al diálogo, a la negociación y al eventual acuerdo", ha recalcado antes de defender el plan que va a aprobar el Consejo de Ministros el 29 de marzo para hacer frente a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania.