VALÈNCIA. La promotora Culmia ultima la venta a un fondo alemán de una gran cartera con más de 2.000 viviendas de alquiler asequible, entre las que se encuentran las 208 unidades que se adjudicó del Plan Vive de la Generalitat Valenciana y que actualmente levanta en dos suelos en València y Benidorm. Precisamente, esta semana, directivos de la firma visitaban las obras en el 'Cap i Casal' coincidiendo con el arranque de la actuación, de 91 inmuebles en el barrio de Malilla. 

Dentro de la operación, además de los proyectos en la Comunitat Valenciana, también se incluyen más de 1.100 unidades de promociones de otras convocatorias públicas en Madrid, como el Plan Vive de la Comunidad, así como otras 400 inmuebles de derechos de superficie licitados por el Ayuntamiento de la capital. Todos ellos son proyectos en régimen de alquiler asequible.

Las negociaciones llevan abiertas desde hace meses, pero ahora encaran su recta final, según ha podido saber este diario. Hace meses, algunos medios publicaron que el fondo alemán con lo que se trabaja en esta transacción es MEAG, gestora de activos de las aseguradoras Munich Re y ERGO con un porfolio diversificado entre grandes infraestructuras, proyectos de energía renovable e inmobiliario.

Esta desinversión forma parte de la estrategia de la promotora, que controla el fondo estadounidense Oaktree Capital Management, de desarrollar y vender los activos. Culmia se define como una promotora tradicional que desarrolla edificios, pero no los gestiona. Tanto en la licitación valenciana como en las de los concursos de otras regiones, los inmuebles van destinados a alquiler asequible, por lo que la firma se alía con un operador especializado en su explotación. En la mayoría de los concursos públicos en los que participa, la gestión corre a cargo de la firma Sogeviso.

Ahora, la compañía pretende vender al fondo alemán el derecho de superficie, es decir, la concesión administrativa, que permite explotar las viviendas durante un periodo determinado ya que estás siempre serán de titularidad pública. En el caso valenciano, de acuerdo con los pliegos, la explotación de un tercero en régimen de alquiler asequible será durante 55 años, prorrogables otros 20 más. Una vez finalizado el plazo, los inmuebles pasarán a manos de la Administración valenciana, que en todo momento es la propietaria de las viviendas porque el suelo es público. 

Por tanto, estos inmuebles siempre formarán parte del parque público y además cuentan con unos requisitos. En el caso valenciano el precio máximo es de 10,5 euros/m2 al mes y un tope de renta de acceso de 6,5 veces el IPREM. Además, los alquileres irán desde los 525 euros aproximadamente a los 840 euros al mes, en función de la tipología del inmueble. 

En concreto, las 200 viviendas que la firma desarrolla en la Comunitat forman parte de la primera convocatoria de colaboración público-privada que lanzó el Consell del PP para construir vivienda pública en la Comunitat Valenciana. En este caso, se licitaron 13 solares públicos cedidos por ayuntamientos a la Entidad Valenciana de Suelo y Vivienda (EVha), dependiente de la Conselleria de Vivienda, para levantar 721 alquileres asequibles. Sin embargo, solo se adjudicaron los dos suelos a Culmia porque los otros 11 quedaron desiertos. Durante el proceso se presentó otra oferta más, la de la alicantina Tizor, del grupo Cívica del empresario Enrique Ortíz, en UTE con la vasca Livanto, pero fue rechazada al no presentar la garantía provisional en la forma exigida en el pliego

Por un lado, se trata de una parcela en la avenida Moralet de Benidorm, junto al rascacielos Intempo, para 117 unidades, cuyas obras arrancaron a finales del pasado año. Por otro, el suelo en València está la calle Vicente Miguel Carceller y tiene capacidad para 91 viviendas. Ambas promociones está previsto que se finalicen en los primeros meses de 2028. 

Este proyecto se enmarca en la estrategia de vivienda asequible de Culmia, que cuenta con una amplía trayectoria en colaboración público-privada. Así, la compañía desarrolla alrededor de 5.000 viviendas en colaboración con distintas administraciones públicas, principalmente en la Comunidad de Madrid.