VALÈNCIA. La crisis de la vivienda en València no solo no se estabiliza, sino que se agudiza. Los precios mantienen la senda alcista y la oferta de obra nueva sigue en mínimos en una ciudad que no deja de ganar población por la llegada de extranjeros. Una situación que está tensionando el mercado porque la producción actual es incapaz de absorber toda esa demanda. Pero, además, muchos de esos nuevos residentes, incluso, vecinos de la propia ciudad no pueden acceder a una residencia por los elevados precios, lo que está provocando asentamientos en algunos puntos del 'Cap i Casal'. De hecho, desde la Cátedra Observatorio de la Vivienda de la UPV llevan años advirtiendo de la proliferación de "asentamientos informales", un movimiento que "irá a más" en los próximos años de no revertirse la emergencia habitacional actual.

Así lo advirtió el director de la Cátedra, Fernando Cos-Gayón, durante su participación en la jornada del IX Congreso AIRE 2025, en donde achacó el drama del chabolismo al aumento poblacional en la ciudad frente a un stock escaso de inmuebles disponibles. "A principios de 2021 ya hablábamos de asentamientos informales y, desgraciadamente, esto va a ir a más", alertó. Y es que la subida sin medida de los precios de la vivienda está ya en máximos históricos, superando ya los 3.000 euros el metro cuadrado de media en la ciudad, según el último informe de la Cátedra. Y, mientras tanto, el número de inmuebles de nueva planta se sitúa en cerca de un centenar, cifra mínima en la última década. 

"La realidad es que la cantidad de gente que vienen a vivir a València es tal que no hay posibilidad de alojarlos", subrayó. Y ello pese a que, según criticó, existen "terraplanistas inmobiliarios" que niegan la falta de vivienda en la ciudad y abogan únicamente por sacar las que hay vacías en el mercado."Tenemos una situación compleja porque hay mucha gente que no le va a quedar opción que el chabolismo, mientras que los que llegan con altos salarios están tensando los precios hacia arriba", señaló.

En este sentido, de acuerdo con el último informe de la Cátedra, en el primer trimestre de este 2025, el precio medio de obra nueva en València alcanzó de media los 3.500 euros por metro cuadrado, un 10% más que hace un año y una subida del 2% respecto al trimestre anterior. Sin embargo, algunos barrios superan con creces estos valores, como Ciutat Vella, que llega a los 5.300 euros el metro cuadrado, o l'Eixample, con 4.760 euros por metro cuadrado. En cambio, la demanda no deja de crecer ante el tirón de las compras de extranjeros y el crecimiento poblacional de la ciudad. Sin embargo, la oferta de nueva planta sigue a la baja, trimestre tras trimestre. Así, en los primeros tres meses de este 2025 había 127 viviendas disponibles, de acuerdo con la Cátedra, un 85% menos de unidades que en 2019.

Poner el foco en la tributación

Ante esta situación, Cos-Gayón defendió la necesidad de rebajar la presión fiscal sobre la vivienda y poner el foco en la tributación. "Más de un 30% del coste son impuestos. Si el Estado dejara de recaudar tanto, la vivienda sería más barata", remarcó para lamentar la ideologización existente en las políticas en esta materia, pese a ser uno de los principales desafíos en España. 

Por ello, defendió la necesidad de que la Administración cuente con el sector inmobiliario para conseguir el objetivo fundamental de facilitar el acceso a la vivienda. En este sentido, criticó los efectos negativos de la Ley de Vivienda estatal en sus dos años de aplicación. “Ese no es el camino, porque incidirá en que sigan subiendo los precios. Hay que conseguir bajar la presión fiscal sobre la vivienda. En Valencia ya estamos viendo la foto de los asentamientos informales y, si no cambian las cosas, eso no es nada para lo que ha de venir", insistió.

En la jornada, también participó el secretario autonómico de Vivienda, Sebastián Fernández, quien criticó que las políticas nacionales "han dado carta de naturaleza a la ocupación de viviendas", "demonizado injustamente al sector de la construcción”. Por ello, exigió un marco de seguridad jurídica que apoye la promoción de vivienda y rebaje su carga fiscal y defendió la colaboración público-privada iniciada por el actual Consell “frente al déficit estructural originado en las dos pasadas legislaturas". "Ahora se están dando pasos firmes en la dirección adecuada para habilitar suelo y construir vivienda pública", reivindicó.