VALÈNCIA. La escalada de precios, la falta de oferta residencial y las dificultades del sector para agilizar la salida de proyectos son solo algunos de los vértices que explican la actual crisis habitacional que atraviesan las principales ciudades de España. Una emergencia que requiere de soluciones urgentes, medidas que no se antojan sencillas y sobre las que, de nuevo, volvió a debatir el sector promotor valenciano. Más allá de un Pacto de Estado por la Vivienda, los expertos plantearon una serie de recetas de choque para acelerar la generación de vivienda en València y su área metropolitana y que van desde la revisión de la Ley de la Huerta para desproteger aquellos terrenos baldíos hasta movilizar determinados suelos a través de expropiaciones, una fórmula que, recuerdan, ha funcionado con éxito para la implantación de la gigafactoría de PowerCo en Sagunt. "Estamos ante una emergencia y se requieren soluciones a la altura", expresaron.

Así se puso de manifiesto en una mesa redonda, en el marco del X Congreso AIRE 2026, en la que participaron Sixto Bayo, director territorial Levante de Neinor Homes; Vicente Llácer, CEO del grupo Ática; Javier Timoner, CEO de SFI Consulting; y Rubén Rojas, director territorial Levante de Landco. El diálogo dibujo un panorama preocupante ante una presión demográfica y económica que, según se expuso, está desbordando la capacidad actual de generación de vivienda y agravando los problemas de acceso residencial. De ahí que el sector clame por una planificación conjunta entre municipios para articular la 'Gran València' desde una mirada metropolitana y más agilidad administrativa.

Concretamente, se puso encima de la mesa la necesidad de revisar la Ley de la Huerta, una norma que, según se expuso, protege espacios sin actividad agraria, que se encuentran degradados o abandonados. "Hay que proteger la huerta, por supuesto, pero hay zonas que son verdaderos eriales", subrayó Vicente Llácer. "Cuando algo se protege, hay que poner presupuesto", sostuvo para señalar la necesidad de enmendar una norma que calificó de "artefacto abstracto" y que señaló preserva zonas sin uso, como unas naves industriales degradadas en el entorno de l'Oceanogràfic. 

Y, mientras tanto, incidió en que se necesita suelo para poder atender una demanda residencial que no deja de crecer. Solo en un año, el 'Cap i Casal' ha ganado 17.000 habitantes, personas que necesitan una solución habitacional y, mientras tanto, la oferta se resiente. “Valencia tiene un problema de éxito: atrae población, actividad y empleo", remarcó Javier Timoner, quien también secundó la reforma normativa al considerar que "proteger sin sentido es un sinsentido". 

Pero, además, para evitar que ese crecimiento derive en una emergencia residencial aún mayor abogó por dotar al sector de instrumentos urbanísticos e inmobiliarios que permitan un modelo basado en la convivencia de vivienda libre, protegida, cooperativa y alquiler asequible, además de una mayor implicación pública en la promoción directa. A su juicio, la VPO integrada en barrios residenciales consolidados permite además evitar procesos de segregación urbana. 

Asimismo, se insistió en uno de los mayores obstáculos de los promotores para desarrollar nuevo producto como es la escasez de solares de caracter finalista, es decir, aquel que está listo para ejecutarse. Ante esta situación, los ponentes analizaron fórmulas para poner en el mercado grandes bolsas de suelo en plazos más reducidos y responder así a la creciente demanda residencial.

Y como medida excepcional para desbloquear grandes desarrollos residenciales defendieron expropiaciones puntuales en determinados ámbitos para acelerar actuaciones urbanísticas a gran escala. Un modelo similar al que se aplicó en Parc Sagunt para allanar el aterrizaje de la gigafactoría de PowerCo y agilizar su puesta en marcha. Para los promotores, este caso demuestra que las administraciones "pueden actuar rápido cuando hay voluntad política y existe interés". A partir de ahí, se planteó la creación de consorcios entre ayuntamientos, Generalitat y promotores privados para desarrollar actuaciones urbanísticas capaces de albergar entre 10.000 y 15.000 viviendas.

En los últimos años, buena parte de la oferta residencial se ha desplazado hacia distintos municipios del área metropolitana para compensar la falta de oportunidades de desarrollo en la ciudad de València. Sin embargo, los promotores advirtieron de que esas bolsas de suelo también empiezan a agotarse, especialmente en los enclaves mejor conectados y con mayor capacidad de crecimiento.

En este sentido, Bayo puso el foco en municipios como Torrent, Paterna o Burjassot, donde la combinación de buenas conexiones ferroviarias y viarias ha concentrado buena parte del crecimiento reciente. "Ya estamos acolmatando esas zonas" advirtió. Por ello, el sector reclamó coordinación entre administraciones y una planificación metropolitana integrada para evitar que cada municipio desarrolle su propio modelo urbanístico sin una visión común, lo que acaba generando un modelo desordenado. Para Rubén Rojas el reto exige una planificación integrada capaz de coordinar movilidad, administraciones y operadores privados.

Trabas urbanísticas

Además, los promotores apuntaron a las trabas urbanísticas como el principal cuello de botella. En este sentido, Timoner lamentó que incluso actuaciones relativamente sencillas encuentren dificultades para avanzar por la lentitud en licencias, informes y tramitaciones administrativas. "No podemos esperar seis o siete años para empezar a ver oferta", advirtió, al tiempo que consideró que la reciente revisión de la Ley del Suelo ha supuesto una "oportunidad perdida" al no incorporar medidas más ambiciosas para agilizar procedimientos y maximizar rendimientos del suelo con incrementos de densidad o edificabilidad, como sí tienen otras autonomías.

En la misma línea, el director territorial de LandCo rechazó la idea de que el sector promotor retenga suelo de forma especulativa ya que recordó que no es rentable ni eficiente para su negocio y apuntó directamente a los propietarios de terrenos. "El promotor no especula; si no mueve los solares, no desarrolla", remarcó.

Finalmente, el director de la Cátedra Observatorio de la Vivienda, Fernando Cos-Gayón, encargado de moderar el debate, insistió de nuevo en que el propio sector debe implicarse en la búsqueda de soluciones y orientar sus propuestas hacia la vivienda realmente asequible. Defendió la necesidad de revisar costes y exigencias para adaptar la producción residencial a las necesidades de quienes hoy quedan fuera del mercado. "Lo que hace falta realmente es vivienda asequible", subrayó antes de reclamar un marco de estabilidad que permita tomar decisiones de largo plazo.