VALÈNCIA. (EFE). El portavoz de Sanidad de Podem en Les Corts, Daniel Geffner, ha reclamado este lunes al Consell que actúe para "evitar el fraude y la mala praxis sanitaria" de las clínicas dentales "low cost" y en concreto, con la cadena de clínicas de iDental.

En un comunicado, Geffner ha denunciado la existencia de una "burbuja dental" que genera "innumerables y repetidos atrasos e impagos" a los trabajadores; "mala calidad de muchos" tratamientos; pacientes con elevadas deudas financieras, y publicidad que no se corresponde con la realidad.

"Hasta posibles contagios de infecciones hepáticas debido a deficiencias en el tratamiento de esterilización del material sanitario", ha advertido el diputado, quien ha señalado que se calcula que hay unas 10.000 personas afectadas en todo el Estado que "claman por más justicia".

En este sentido, ha reclamado que "las administraciones no se inhiban e impidan la indefensión y desamparo que sufren hasta el día de hoy". 

Podem ha presentado en Les Corts varias preguntas y solicitud de documentación para exigir la máxima transparencia y que las administraciones lleven a cabo "actuaciones necesarias y contundentes con el fin de amparar a la ciudadanía en evitar el fraude y malas praxis sanitarias de este tipo de clínicas dentales".

Geffner ha afirmado que las administraciones públicas "no se pueden inhibir ante la alarma social creada" y ante un número tan elevado de pacientes que han recibido servicios bucodentales de más que probable calidad insuficiente".

Ha manifestado que en las reuniones que ha mantenido Podem con la asociación Adafi, de afectados por clínicas iDental, con sede en Alicante, les han trasmitido la situación de impotencia que han sentido por la falta de respuestas de las consellerias de Sanidad y Economía en cuanto a la defensa del consumidor. 

Por su parte, el diputado de Podem Jordi Alemán ha señalado que las denuncias que han realizado un importante número de pacientes de iDental "no han surtido efecto hasta la fecha y revelan carencias en cuanto a la labor de las administraciones públicas en garantizar los derechos de los consumidores".

Ha destacado que las denuncias a través de las oficinas municipales de información al consumidor (OMIC) "han cumplido la labor de registro de la queja pero no han servido para impulsar acciones concretas, al menos, no para impedir que las malas prácticas sanitarias y financieras continúen"