VALÈNCIA. (EFE). Podem ha propuesto este jueves que se inspeccionen los contratos de las Administraciones públicas valencianas -Generalitat, Diputaciones y Ayuntamientos- para determinar si mantienen contratos con empresas vinculadas a la corrupción tanto en su adjudicación como en su ejecución.

El secretario general de Podem, Antonio Estañ, ha manifestado que el servicio público "involucra también a las empresas contratadas por la Administración y ha de penalizar la deshonestidad, no premiarla", mientras que el empresariado valenciano "honesto y honrado no puede permitirse que se haga tabla rasa con los corruptos".

Según ha afirmado Estañ en un comunicado, "el saqueo valenciano no ha sido cuestión solo de tramposos o malas personas, sino, sobre todo, de un modelo económico y una arquitectura institucional que los ha protegido y amparado".

Por ello, ha pedido que no se caiga en la "ingenuidad de pensar que esas inercias están totalmente superadas", porque si se quiere construir gobiernos "decentes" hay que poner sobre la mesa medidas concretas para frenar la corrupción.

"De la misma forma que el PP competía dopado en las elecciones, los empresarios que pagaban a Gürtel competían contra otros empresarios haciendo trampas", ha aseverado, y ha añadido que el PP "y la trama de empresas corrupta que lo sustentaba son las dos caras de la misma moneda y no pueden entenderse el uno sin la otra".

El dirigente de Podem ha manifestado que, "por la misma razón que es inconcebible que el PP vuelva a gobernar las instituciones a las que traicionó, las instituciones no deben volver a contratar con las empresas que fueron colaboradores activos en el saqueo a la ciudadanía valenciana".

Respecto al desarrollo del juicio de Gürtel, Estañ ha afirmado que la confesión de Francisco Correa "parece que va a suponer una reacción en cadena de acusaciones y confesiones", con lo que será "la primera vez que, en sede judicial y por boca de sus responsables, se confiesa la agresión sufrida por el pueblo valenciano a manos del PP".

Ha recordado que en la Audiencia Nacional se está juzgado la financiación del PPCV en las elecciones autonómicas y municipales de 2007, a las que la actual presidenta de los populares, Isabel Bonig, concurrió como candidata a la alcaldía de Vall d'Uixó, por lo que "puede pretender desvincularse" de un partido que fue "dopado" a los comicios.

Además, ha opinado que la posible confesión de Crespo y el Bigotes puede suponer un "efecto dominó" en las declaraciones del resto de imputados y que se señalen a responsables que no han sido señalados como imputados, como es el expresident de la Generalitat Francisco Camps, con quien Bonig compartió Consell.