VALÈNCIA. Este martes, el síndic de Podemos, Antonio Montiel, y la portavoz adjunta, Fabiola Meco, registraron una Proposición No de Ley para poner fin a la "precaria situación laboral" que viven los profesores asociados en las universidades públicas y, en concreto, las valencianas. Una figura que, denuncian en la exposición de motivos, "ha sido pervertida –desde que se aprobara hace 17 años el Decreto sobre Régimen y Retribuciones del Personal Docente e Investigador– hasta el punto en que constituye hoy mano de obra barata y precaria". 

La proposición llega después de que en noviembre de 2016, más de 2.000 profesores de la Universitat de València elevaran al Parlamento Europeo una petición que, de momento, ha sido admitida a trámite. En esta denuncia hacían referencia a "la creciente inseguridad laboral" que vive el personal docente e investigador (PDI). 

Una coyuntura que, indican en el escrito, los recortes han empeorado. "Han dado lugar a niveles de remuneración que el peticionario califica de explotación laboral, con personal de PDI empleado en su mayor parte en contratos a corto plazo, con condiciones de trabajo que, comparadas con las de otros grupos similares de trabajadores, son discriminatorias", señalan.

En la PNL inciden, además, en que este problema afecta de la misma manera a todas las universidades públicas del estado, que el salario que este personal docente percibe no es ajustado a sus funciones, que las tareas que desarrollan "superan las correspondientes al profesorado asociado" y que sufren "dificultades de carrera académica profesional".

Así, Podemos reclama que se derogue el apartado 6 del artículo 10 del Decreto 174/2002 que regula el Régimen y Retribución del Personal Docente e Investigador de las Universidades Públicas Valencianas. Buscan, con ello, acabar con la "brecha salarial" entre profesores titulares y profesores asociados, con la "inseguridad laboral" y "discriminación" del colectivo en relación con las condiciones que sí disfruta el resto del profesorado. 

También con el "fraude de ley" que permite a las universidades utilizar la figura del PDI asociado para cubrir bajas definitivas y temporales, y elaborar un plan de estabilización y promoción de este profesorado universitario para "incrementar la excelencia académica".