VALÈNCIA. (EP). El grupo parlamentario de Podemos ha reclamado a las Corts Valencianes que adopte las medidas necesarias para garantizar el derecho de huelga a todas las trabajadoras del parlamento autonómico, así como a las personas que quieran apoyar a este paro, como por ejemplo diputadas, "llevando a cabo las modificaciones de la actividad parlamentaria necesarias", ya que está programada una sesión plenaria en esa fecha.

Podemos ha señalado en un comunicado que los sindicatos han anunciado que dan cobertura legal "a esta huelga internacional de mujeres impulsada por numerosas organizaciones del movimiento feminista en todo el mundo".

Esta formación considera que a la "inaceptable violencia machista, que en España ha supuesto el asesinato de más de 1.000 mujeres en tan sólo 14 años, se suman las consecuencias infames que en pleno siglo XXI tiene la desigualdad entre mujeres y hombres en todo el mundo".

La diputada de Podemos, Cristina Cabedo, ha indicado que esta desigualdad "se manifiesta diariamente en múltiples ámbitos pero, sin duda, en el campo laboral es donde se presenta en una forma más evidente: la brecha salarial entre géneros es del 20% a favor de los hombres, llegando a ser en la Comunitat valenciana mayor".

Así, ha añadido que las mujeres "siguen asumiendo en todo el mundo una carga desproporcionada de trabajo no remunerado; los permisos de maternidad y paternidad que posibilitan el reparto de responsabilidades en el cuidado de hijas e hijos entre ambos es nulo o escaso".

La parlamentaria ha recordado además que las mujeres migrantes se ven sometidas a condiciones laborales más precarias que los hombres migrantes, viéndose expuestas a jornadas de trabajo más largas y a un acceso a la protección social más limitado.

También ha apuntado que la violencia contra las mujeres en el espacio laboral es una realidad "inadmisible": "sólo en la Unión Europea el 32 por ciento del 55% de las mujeres que aseguran haber experimentado acoso sexual, lo han sufrido en su puesto de trabajo", ha manifestado.

"Acabar con la discriminación entre mujeres y hombres resulta no sólo un deber ético, sino un inaplazable compromiso histórico donde todas las instituciones tienen que participar activamente", ha indicado.