VALÈNCIA (EFE). La portavoz adjunta del PP en Les Corts, Laura Chulià, ha afirmado que la exconsellera de Justicia Gabriela Bravo "debe asumir sus responsabilidades por el despilfarro y descontrol" de la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de Servicios de Emergencias, S.A.U (SGISE).

Chulià ha sostenido, en un comunicado, que, "a puertas de las elecciones del 28M, intentaron colar 1.800 nuevos empleos públicos" en el organismo, por lo que "este es otro caso más" de los que han llevado al PP a poner en marcha una Comisión de investigación en Les Corts sobre las irregularidades del sector público instrumental de la Generalitat entre 2016 y 2023.

La diputada ha insistido en que el Consell de Mazón tiene como objetivo "arrojar luz a este asunto tan turbio".

En lo relativo al SGISE, ha remarcado que, según el informe de la Dirección General de Presupuestos, durante el año 2021 se han certificado 1.076 perceptores de retribuciones "mientras que solo se han abonado retribuciones a 922 perceptores, otra irregularidad más que se suma en este asunto".

Asimismo, del informe se traduce que "la gestión del personal ha sido completamente ineficiente, especialmente en la tramitación de las altas y las bajas, donde se abonaban indemnizaciones por despido a trabajadores que eran contratados inmediatamente después de satisfacerse las indemnizaciones".

Según ha dicho, en el área de contratación, según la muestra analizada, "se ve cómo la gestión no se ajusta a la normativa aplicable, habiéndose detectado incumplimientos, como el elevado riesgo de incurrir en fraccionamiento indebido de contratos".

Para la diputada del PPCV en Les Corts, el PSPV "no puede seguir escondido en sus luchas internas, deben dar la cara y explicar este descontrol en el gasto público", que en este caso "debe ser quien ostentaba la Conselleria de Emergencias, quien, con estos datos, demuestra una vez más su nefasta gestión al frente de la misma".

Chulià ha recordado que el president de la Generalitat ha anunciado recientemente la realización de una auditoría "tras detectar que en los últimos cuatro años del Botànic, se adjudicaron a dedo 253.122 contratos por un importe de 713 millones de euros, y tan solo cuatro empresas de las 54 entidades que conforman el Sector Público Instrumental han recibido una valoración positiva por parte de los auditores y de la intervención de la Generalitat".