VALÈNCIA (EFE). El PP valenciano se plantea "muy seriamente el ejercicio de acciones" para que las costas procesales del recurso interpuesto por la Generalitat en el caso de la compra de la empresa Valmor por parte del Consell de Alberto Fabra (PP), las pague quien decidió presentarlo.

Así lo ha anunciado, en un comunicado, el portavoz de Justicia del grupo parlamentario popular, José Císcar, después de que el Tribunal de Cuentas haya desestimado el recurso de apelación de la Generalitat contra la sentencia que no apreció responsabilidad contable en la compra de Valmor por un euro, y de que el caso haya sido también archivado por la justicia.

Según Císcar, el Consell presentó el recurso "a sabiendas de que su proceder podría tener graves consecuencias millonarias para el dinero de todos los valencianos".

Ha advertido del alto coste que tendrá que asumir la Generalitat, que podría ascender a un millón de euros, por emprender recursos "omitiendo la reglas de la más elemental prudencia, como era recabar la postura y opinión de la Abogacía de la Generalitat".

Ha tildado de "sorprendente" que el president de la Generalitat, Ximo Puig, no solicitara un informe jurídico de la Abogacía antes de formalizar el recurso, pues "podría haberle advertido sobre las escasas posibilidades de éxito" del recurso y del "daño moral y patrimonial" que podría causar.

"Lo que se está haciendo desde el Consell contra determinadas personas en el caso Valmor es una persecución política al más estilo totalitario", ha denunciado Císcar, quien ha añadido que los valencianos "no tienen que pagar el alto coste de las manías persecutorias del Consell".

Por ello, se plantean "muy seriamente el ejercicio de acciones para que esas costas procesales las pague quien, a sabiendas de que su proceder podría tener consecuencias millonarias para todos los valencianos, decidió entablar esos recursos".

Ha asegurado que ya son muchas las resoluciones que señalan y apuntan que la compra de Valmor fue una buena decisión entre todas las posibles, algo que "entiende todo el mundo excepto el Consell de Puig, que insiste en sus recursos de forma obsesiva y en todas partes en contra del criterio de jueces, fiscales y tribunales".