VALÈNCIA. (EP) El pleno de Riba-roja de Túria (Valencia) ha revocado definitivamente el convenio urbanístico que unía al Ayuntamiento con una promotora para la realización de un programa de actuación integrada (PAI) que preveía un "pelotazo" de 71,5 millones de euros en la zona del Pacadar, por "incumplimientos continuados y flagrantes", con lo recupera el terreno para uso público.

El acuerdo del equipo de gobierno del PSPV ha contado con el respaldo de Ciudadanos, Esquerra Unida, Vox y Compromís y la abstención del PP y de Podemos Riba-roja Podem, informa el consistorio en un comunicado.

Los hechos se remontan a 2005, cuando el entonces gobierno del PP firmó un acuerdo para trasladar la fábrica de vigas a una zona diferente a cambio de una recalificación de los terrenos, de industriales a residenciales, para construir 555 viviendas que debían estar acabadas en 2012 y "no han llegado a iniciarse".

Este programa urbanístico supondría para el Ayuntamiento la recepción de una planta baja de 2.000 metros cuadrados, la cesión de 27.455 metros de terrenos en la zona y un "donativo" de 1,4 millones de euros. Sin embargo, "después de diez años no se ha concluido ni la urbanización de los terrenos, ni se ha recibido la parcela edificable urbanizada ni la planta baja prevista".

Con la construcción, "la promotora generaría unos beneficios económicos cifrados en más de 71,5 millones de euros a razón de 130.000 la venta de cada vivienda". "El PAI no llegó a desarrollarse nunca y la empresa incumplió sus obligaciones", subraya el Ayuntamiento, sumado a que la fábrica de vigas tampoco se cambió a otra ubicación porque terminó trasladándose a Buñol (Valencia).

El pleno de Riba-roja alertó a la mercantil en varias ocasiones, la primera en 2015, sobre el vencimiento estipulado en los plazos de ejecución por incumplimiento. También le exigió una serie de indemnizaciones, penalizaciones y garantías económicas por más de 800.000 euros, algo que "todavía no ha efectuado".

En concreto, las penalizaciones fijadas por los técnicos municipales llegan a 172.000 euros, las indemnizaciones a 368.000 y una garantía sobre las obras totales a 337.000 euros.

Con el acuerdo, Riba-roja recuperará los 60.000 metros cuadrados de extensión del PAI para destinarlos a uso municipal, al asumir la gestión directa del programa urbanístico con el aval del Consell Jurídic Consultiu (CJC). Este órgano "ratifica punto por punto todas y cada una de las decisiones del equipo de gobierno local".

El alcalde, Robert Raga, ha prometido que el terreno se utilizará para "un proyecto serio y viable, en lugar de los despropósitos que se han llevado a cabo en el Pacadar desde un inicio".