VALÈNCIA. El Ayuntamiento de Riba-roja del Turia ha aprobado el Plan de Contratación Pública para el próximo año 2021, con un importe de 9 millones de euros para nuevas licitaciones de obras, servicios y suministros públicos. Además, a esa cantidad de añadirán otros 6 millones en concepto de nuevas licitaciones para la continuación del servicio o suministros municipales.

El plan de contratación pública del próximo ejercicio introduce algunas novedades con respecto a los anteriores como, por ejemplo, el incremento de la calidad de las contrataciones y mayores facilidades de participación para las pymes. Según ha explicado el consistorio esto se hará "mediante una planificación adecuada del presupuesto, más coordinación entre las distintas áreas municipales, la mejora de la participación ciudadana y el aumento de la transparencia".

Asimismo, el plan persigue la inserción laboral de los colectivos más desfavorecidos con la reserva de un 5% del importe de las licitaciones. Así, estas plazas irán destinadas a los Centros Especiales de Empleo y Empresas de Inserción. Asimismo, las líneas de contratación para 2021 también tendrán en cuenta cláusulas sociales con una mayor puntuación para las empresas que contraten a personas más vulnerables, con dificultades para la inserción laboral, o que hayan estado durante largos periodos de tiempo en el paro.

El plan anual que se va a presentar recoge una relación de los contratos que saldrán a licitación pública, con todos los datos básicos como el objeto de los mismos, el precio, la duración y otros pormenores. Todo ello para que las empresas interesadas los puedan conocer anticipadamente y planificarse para presentar en tiempo y forma su oferta. En el apartado de transparencia, Riba-roja también tiene creada una comisión ética para evitar posibles casos de intereses que puedan surgir en la adjudicación de los contratos del Ayuntamiento. Todo ello con el objetivo de ofrecer igualdad de trato a todas las empresas.

De la misma forma, la memoria de contratación pública del pasado ejercicio también ha demostrado un ahorro de 1,3 millones para las arcas públicas gracias a la exigencia de la definición previa de las necesidades a satisfacer, la salvaguarda de la libre competencia y la selección de la oferta económica más ventajosa. En este sentido, desde el consistorio explican que el 80% del valor económico tramitado en 2019 se realizó por procedimientos abiertos y de libre competencia.