Se declara firme la sentencia de absolución del expresidente de la Diputación de Valencia

VALÈNCIA (EFE). La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia valenciano ha declarado firme la sentencia que confirma la absolución del expresidente de la Diputación de Valencia Jorge Rodríguez y los otros 13 acusados en el marco de la causa por los contratos de alta dirección en la empresa pública Divalterra.

El plazo dado a las partes para que pudieran preparar recurso de casación ante el Tribunal Supremo ha concluido sin que hayan hecho uso de este derecho, por lo que el TSJCV declara firme la sentencia, según una diligencia del letrado de la Administración de Justicia del pasado 12 de enero a la que ha tenido acceso EFE.

La resolución se ha notificado a las partes personadas, que pueden presentar recurso de reposición en el plazo de tres días.

El pasado 14 de diciembre, la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV confirmó la absolución de Jorge Rodríguez y los otros 13 acusados al desestimar el recurso presentado por la Fiscalía Anticorrupción contra la sentencia de la Audiencia Provincial de mayo, que exculpó a los encausados de los delitos de prevaricación, malversación y falsedad documental en los contratos de alta dirección firmados por Divalterra (antes Imelsa) entre los años 2015 y 2018.

Entre los 14 absueltos figuran, además del expresidente de la Diputación de Valencia Jorge Rodríguez, que dimitió de la presidencia de la corporación provincial, dos exgerentes y la exvicegerente de Divalterra y tres antiguos asesores del primero. Los siete acusados restantes son los altos directivos contratados para dicha mercantil.

Las acusaciones mantenían que los máximos responsables de Divalterra, empresa dependiente de la Diputación, diseñaron un sistema artificioso de áreas de dirección en esta sociedad únicamente para favorecer a miembros, afines o simpatizantes de los partidos políticos que dirigían entonces la corporación provincial, PSPV-PSOE (partido al que pertenecía Jorge Rodríguez) y Compromís.

Sin embargo, la Audiencia de Valencia concluyó que no había resultado acreditado que la mercantil dependiente de la Diputación resultase perjudicada económicamente por ese nuevo modelo de gestión y tampoco apreció la comisión de ninguno de los delitos atribuidos a sus responsables.