VALÈNCIA. La Diputació de València puso en marcha en noviembre de 2017 la primera unidad de evaluación de políticas públicas en la historia de la corporación provincial. Cuatro meses después, este servicio, que nace como parte del objetivo del equipo de gobierno de ‘aprender para mejorar’, se encuentra ya en la fase previa a la presentación de sus primeras conclusiones.

El impulsor de la iniciativa, el presidente Jorge Rodríguez, ha defendido la puesta en marcha de este organismo como “herramienta clave” para, entre otros, “conocer el efecto multiplicador de los distintos planes de ayudas de la Diputació sobre el tejido productivo valenciano” y “evaluar así el impacto sobre la economía local y, por tanto, las consecuencias en el bienestar de las vecinas y vecinos de cada comarca”.

Entre los primeros trabajos realizados por esta unidad se encuentra la evaluación del plan de empleo de 2016, el programa de ayudas de fomento del empleo creado por la Diputació dirigido a entidades locales y sus organismos autónomos. Con el plan ya terminado, se va a poder examinar el impacto que ha tenido sobre los municipios y valorar la implementación y resultados del mismo.

Un trabajo conjunto

Esta unidad de evaluación de políticas públicas de la corporación provincial tiene previsto fortalecer a su vez su gestión a través de alianzas con entidades e instituciones de reconocido prestigio como el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) o la Universitat de València. Una alianza que se gestó tras un encuentro entre el director de Investigación del IVIE, Francisco Pérez, y el presidente Jorge Rodríguez en abril de 2017. En aquella reunión, la Diputació de València y el IVIE acordaron ya “estudiar conjuntamente el impacto de las políticas públicas” con el objetivo de “valorar y analizar” la eficacia de la gestión de la institución provincial para “mejorarla en lo que sea posible”.

Así, al mismo tiempo que se preparan los resultados del estudio del plan de empleo de 2016, el IVIE se encuentra ya ultimando su estudio del impacto económico del plan de Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS) del mismo año, un superávit que supuso una inversión de 72 millones de euros que se distribuyeron entre todos los municipios de la provincia para evitar que este dinero fuera a parar a los bancos.

Esta primera evaluación en colaboración con el reconocido centro dedicado al desarrollo y fomento de la investigación económica servirá para evaluar el impacto sobre la economía local de estas líneas de ayuda y el tipo de empresas beneficiadas, así como para conocer el efecto multiplicador de las subvenciones y el alcance que tiene en la ciudadanía.

Desde la sección de evaluación de políticas también se está llevando a cabo un estudio basado en entrevistas a alcaldes y alcaldesas de todos los municipios de la provincia sobre la evaluación de servicios y gestión de la Diputació. Un estudio similar al realizado a inicios de legislatura que permite entender la incidencia de la corporación en la gestión municipal, así como identificar las principales vías de mejora de la institución en cuestiones como la satisfacción con los servicios, la calidad del desempeño, la ética en la financiación, el apoyo a políticas públicas, el respaldo institucional y el valor público percibido.