VALÈNCIA (EFE). Técnicos de las consellerias de Justicia y de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad se han reunido este martes para estudiar la modificación de varios artículos de la ley de Carreteras con los que se permita multar con hasta 30.000 euros a proxenetas y clientes.

Así lo ha explicado la consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, quien en declaraciones a los periodistas ha recordado que esa ley es de 1991 y que se pretende cambiar para "incorporar determinados tipos de sanciones" contra proxenetas, al tiempo que ha resaltado que una vez quede consensuada la propuesta entre ambos departamentos, se explicará a todos los grupos políticos.

"Es un tema de derechos", ha aseverado Bravo, quien ha resaltado que "no es una cuestión sobre actividad laboral o no, sino que están en juego los derechos de las mujeres y eso es lo que hay que proteger".

Bravo ha subrayado que también se está trabajando en un cambio en la ley valenciana de Espectáculos, con el objetivo de "poder sancionar la demanda de sexo en cualquier establecimiento público", pero también en cualquier local "que promocione la prostitución o la publicite" y sancionar al titular del establecimiento.

"Queremos poner el foco en quienes se están aprovechando de la situación de desprotección de la víctima y en la explotación de las mujeres", ha indicado Bravo, que ha urgido a actuar "en el ámbito sancionador y también en el social", razón por la que ha reivindicado una ley abolicionista a nivel estatal "que las englobe a todas".

Ha señalado que son necesarias las modificaciones en la ley de seguridad ciudadana, puesto que en la actualidad contempla sancionar a prostitutas, y también en la ley de Extranjería, "que debe modificarse para dar cobertura y situación regular en España a estas mujeres, para que puedan acogerse a un proyecto de vida digno".

Asimismo, preguntada sobre el inicio de tramitación de una nueva ordenanza en Alicante para abolir la prostitución, Bravo ha señalado que esta ciudad "tiene una ordenanza municipal aprobada hace meses que trata la prostitución como un problema de orden público y que considera a las mujeres del sistema como personas peligrosas", por lo que "es importante que haya otras iniciativas para cambiar las cosas".

La consellera, que ha sostenido que esta ordenanza aprobada hace varios meses por el Ayuntamiento es "la ordenanza de la vergüenza", ha insistido en crear modelos de ordenanzas abolicionistas que se puedan implementar en municipios y que consigan "erradicar la prostitución y tejer una red asistencia del ayuda".