En los últimos años, las inversiones sostenibles, entendidas éstas como el proceso de identificación y análisis de los criterios de sostenibilidad en una empresa (criterios medioambientales, sociales y de buen gobierno corporativo, o en conjunto, ESG) con el objetivo de invertir en la misma en función de las oportunidades que estos criterios puedan generar en el inversor, vienen acaparando el interés de emisores e inversores.

Además de contribuir a la construcción de un futuro más sostenible, cada vez hay más empresas que tienen claro que ser sostenible permite poder incrementar tanto sus resultados como los de sus stakeholders puesto que genera comportamientos favorables que impactan directamente en sus negocios. Esta orientación de las estrategias empresariales hacia los criterios de sostenibilidad se viene teniendo presente en las operaciones corporativas (en especial en fusiones y adquisiciones, conocidas como Mergers and Acquisitiones, o M&A) dando lugar a una nueva variable – la prima ESG- a considerar al ya por sí complejo proceso de valoración de una compañía.

Ante esta situación, han surgido agencias calificadoras para evaluar el desempeño de una empresa en áreas relacionadas con los aspectos ESG. Tras la recopilación de datos de diversas fuentes, estas agencias utilizan una serie de indicadores clave, a los que se les asigna un valor determinado según su importancia relativa y se les aplica una metodología para obtener una puntuación general y confeccionar, posteriormente, bases de información cuantitativa sobre las empresas analizadas que permitirán trasladar a los modelos de valoración tradicionales, vía prima o factor corrector.

Si bien, estos análisis entrañan una serie de riesgos y problemas, como son la falta de estandarización de las metodologías para evaluar y calificar las prácticas ESG, los sesgos y subjetividad que se pueden dan en el alcance de las evaluaciones o la limitación de datos disponibles. En cualquier caso, la mejora de las métricas en sostenibilidad supone un mayor cumplimiento de los requisitos legales, lo que se traduce en menores riesgos y costes explícitos, así como una mejora en la relación con los grupos de interés. En concreto, las empresas con una buena calificación ESG (menor riesgo) tienen un menor coste de capital.

Esta matización a la metodología tradicional de valoración permite identificar, de su valor como empresa en el mercado, qué parte ha sido generado por la contribución de los criterios de sostenibilidad.

Recordemos que el valor de las acciones de una empresa proviene de su capacidad para generar flujos de efectivo para los propietarios de las acciones. Consecuentemente el método más apropiado para valorar una empresa es descontar los flujos de fondos futuros esperados como indica Pablo Fernández (Métodos de valoración de empresas, 2008), siendo además uno de los métodos más frecuentemente utilizados y comúnmente aceptados en la valoración de empresas (Schmidt, J., Valuation. The process of determining the present value of a company or an asset, 2023).

La anteriormente citada prima ESG se refiere al ajuste que se hace al coste de capital para reflejar el riesgo específico relacionado con las prácticas de sostenibilidad de una empresa. Su cálculo consiste en:

1º) establecer una prima base ESG como punto de partida para calcular la prima ajustada por ESG. Este dato se puede obtener de las agencias calificadoras y reflejaría el riesgo adicional que afrontan las empresas que no cumplen, o lo hacen con bajas calificaciones ESG, en comparación con las que tienen altas calificaciones.

2º) ajustar la prima base ESG según el desempeño específico de la empresa.

3º) finalmente, sumar la prima ajustada por ESG al coste de capital de la empresa, para conocer la tasa a la que la empresa obtendría financiación considerando sus riesgos específicos relacionados con sostenibilidad.

De esta forma, al descontar los futuros flujos de caja por el coste medio ponderado del capital (WACC) obtendríamos un resultado de la valoración por esta metodología que contemplaría los teóricos impactos de los criterios de sostenibilidad en la empresa.

Joaquín Ureña es socio de Andersen y responsable del departamento de Derecho Económico y Financiero de la firma.