CASTELLÓ. Las almazaras de Castellón deberán retirar del mercado alrededor de unas 1.000 toneladas de aceite durante esta campaña en virtud de la medida aprobada por el Ministerio de Agricultura para regular la oferta y garantizar la rentabilidad a los agricultores en una situación de sobreproducción y de precios que, según han denunciado las organizaciones agrarias, se sitúan por debajo de los costes de producción.
El Gobierno central ha decidido activar el mecanismo de retirada de producto en caso de sobreproducción, al amparo del Reglamento 1308/2013 sobre la Organización Común de Mercados. De esta manera, la orden publicada por el Ministerio establece la retirada del mercado el 12% del aceite de oliva producido durante la campaña 2026/2027. Una decisión que, en el caso de la provincia de Castellón afectará a alrededor de 1.000 toneladas de aceite, puesto que, según los datos del propio Ministerio sobre el aforo de cosecha previsto para esta temporada, las almazaras castellonenses producirán unas 8.645 toneladas en total. Según estas estimaciones, la producción de aceite de oliva en Castellón aumentará un 57,2% respecto a la pasada campaña y alcanzará un volumen un 64,6% superior a la media de las seis últimas campañas.
Esta mejora productiva del olivar castellonense no ha venido acompañada de una mejora de la rentabilidad ya que, tal y como han advertido las organizaciones agrarias, las cotizaciones en el arranque de campaña se han situado un 30% por debajo de los costes de producción. Así, aceite de oliva virgen extra se está pagando en origen a unos 3,20 euros por kilo, frente a unos costes de producción que superan los cuatro euros, según datos de la Unió Llauradora i Ramadera.
En esta situación de precios a la baja, la medida del Ministerio pretende ayudar a regular el mercado y garantizar la rentabilidad de los productores, pero las organizaciones agrarias advierten de que, en el caso de la provincia de Castellón, la retirada de producción del mercado puede no tener efectos tan positivos.
El responsable de AVA-Asaja en Castellón, José Vicente Guinot, explica que la producción castellonense para esta temporada, aunque ha aumentado respecto a las últimas campañas, es ajustada si se compara con la sobreproducción que ha tenido Andalucía, la principal región productora de España. En opinión de Guinot, la retirada del 12% de producción "de entrada es positiva porque puede ayudar a estabilizar los precios"; pero el representante agrario pone el foco en las consecuencias a largo plazo. Tal y como advierte, "si ahora se retira producto y el próximo año la campaña vuelve a tener una producción elevada, podemos encontrarnos con un problema aún mayor". De esta manera, el responsable de AVA-Asaja apela a la prudencia ante esta medida.
También el responsable de olivar en la Unió Llauradora i Ramadera, Enric Simó, cree que el Ministerio debería haber adaptado la medida a la dimensión de las almazaras y cooperativas de cada zona productora. "En el caso del Maestrat, estamos en una zona de secano, con rendimientos bajos y con almazaras y cooperativas muy pequeñas, que pueden tener dificultades a la hora de retirar esta producción", lamenta Simó. El representante de La Unió considera que la medida debería haberse centrado en las regiones que concentran una mayor producción y que tienen más recursos para afrontar una medida de este calado.
Cabe recordar que, según la orden de Agricultura, el producto retirado deberá quedar almacenado en instalaciones propias o ajenas de las almazaras hasta el 30 de septiembre de 2027. Simó apunta que, en caso de Castellón, no todas las almazaras tienen capacidad para poder asumir esta retirada y tienen que afrontar además el pago a socios y productores.
Además, desde La Unió también alertan del riesgo de que la medida no surta efecto si se incrementan las importaciones de aceite de terceros países como ya ha ocurrido durante el inicio de 2026. Según la organización, España importó 115.300 toneladas de aceite de oliva durante los cinco primeros meses del año, un 27,5% más que en el mismo periodo de 2025.
Así las cosas, las organizaciones agrarias recelan por el momento del efecto que tendrá la decisión del Ministerio aunque confían en que pueda contribuir a una estabilización de precios que al menos garantice una rentabilidad mínima para los olivareros sin que repercuta en el precio que pagan finalmente los consumidores.
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