VALÈNCIA. La transición energética, es decir, el cambio progresivo de un modelo basado en combustibles fósiles y contaminantes hacia otro más respetuoso con el planeta, también se refleja en los paisajes de la Comunitat Valenciana. Lejos de los grandes núcleos de población, paneles solares y aerogeneradores se extienden por las comarcas del interior, a menudo en entornos rurales. Como todo cambio profundo, la implantación de las energías limpias despierta inquietudes, a menudo, por falta de información. 

En este contexto, AVAESEN y Lápiz Estratégico Consulting, ha impulsado el informe “Energía Verde y Territorio” para escuchar a todas las partes implicadas y dibujar un mapa realista de percepciones, inquietudes y propuestas. Se trata de una de las actividades, enmarcadas en la iniciativa QUEREMOS RENOVABLES.  

En cuanto a metodología, el estudio se ha desarrollado mediante investigación cualitativa, a través de 72 entrevistas en profundidad a representantes de agricultores, propietarios de tierras, cooperativas y comunidades de regantes, comunidades energéticas, empresas promotoras e instituciones. El guion de entrevistas recogió percepciones y valoraciones sobre la implantación de energías renovables en territorios agrícolas y rurales, su compatibilidad con la actividad agraria y el papel de las comunidades energéticas. Las referencias documentales incluyeron fuentes oficiales (Generalitat Valenciana, IVE, MAPA) y especializadas en energías renovables y agrivoltaica. 

Atendiendo a las palabras de Marcos J. Lacruz, presidente de AVAESEN, la intención era tan sencilla como poco habitual: “escuchar con humildad a todos los agentes interpelados, sin prejuzgar ni condicionar las respuestas, dando voz a quienes muchas veces no aparecen en el debate público, pero que también forman parte del territorio”. 

Comarcas agrícolas en el foco del estudio 

El trabajo de AVAESEN y Lápiz Estratégico Consulting se centra en las seis grandes áreas que componen dos terceras partes de la superficie cultivada de la Comunitat Valenciana y que concentran a más de dos millones de personas, cifras nada desdeñables. 

Desde la Vega Baja y el Vinalopó hasta las comarcas de Utiel-Requena y el Valle de Ayora; pasando por La Ribera Alta y Baja; Alt y Baix Maestrat y Els Ports; las Planas Alta y Baixa; y el eje que conforman La Vall d’Albaida, La Costera y La Canal de Navarrés, se ha interpelado a representantes de cooperativas y comunidades de regantes, agricultores, propietarios de tierras, ayuntamientos y mancomunidades, empresas promotoras y comunidades energéticas. 

Lo que une y lo que separa 

El resultado, según Pedro Fresco, director general de AVAESEN, ha sido revelador: “Lo que aquellos más hostiles reclaman no dista mucho de lo que las empresas energéticas están dispuestas a ofrecer. Esto es positivo, porque indica que las posiciones de los agentes no están tan alejadas como suele parecer, aunque también evidencia que existe una falta de comunicación efectiva que está acrecentando conflictos donde no hay problemas irresolubles”. 

El estudio muestra que la mayoría de la población valora positivamente la implantación de renovables y reconoce beneficios claros, como una mayor autonomía energética, la reducción de costes o la posibilidad de revitalizar territorios afectados por el abandono agrícola. Sin embargo, persisten recelos: la pérdida de superficie de cultivo, la transformación del paisaje, los posibles impactos ambientales y la sensación de que los beneficios no se quedan en los municipios donde se instalan siguen alimentando la desconfianza. 

En este sentido, las empresas promotoras que han participado en el estudio admiten la necesidad de buscar consensos, causar el menor perjuicio posible, reforzar la transparencia y la comunicación con los vecinos, además de aplicar medidas de compensación. 

Problemas y respuestas 

Las comarcas rurales reclaman que las plantas renovables se ubiquen fuera de zonas de cultivo y en espacios de bajo impacto visual, aprovechando cubiertas de edificios y naves. Las empresas manifiestan que priorizan suelos abandonados y ubicaciones con menor afección paisajística, siempre dentro de la viabilidad económica y legal. 

También se exige un pago justo a los propietarios de tierras y la creación de empleo local en construcción y mantenimiento. Las promotoras coinciden en que los contratos de compra o arrendamiento deben superar los rendimientos actuales y apuestan por contratar personas y empresas de la zona, además de impulsar planes de formación y opciones de compra preferente de energía. 

Otro ámbito de trabajo es la petición de ayuntamientos y vecinos de una mayor transparencia y de que se comuniquen con más claridad los beneficios de las instalaciones. En este sentido, las promotoras ofrecen desarrollar “Licencias Sociales para Operar” que, más allá del cumplimiento de trámites legales, permitan ganar confianza, transparencia y la perspectiva de alcanzar beneficios compartidos. 

Finalmente, frente a la preocupación por el tamaño de las plantas, los agentes locales piden proyectos más reducidos y con retorno económico para la zona. Las empresas admiten el reto y plantean incrementar medidas de compensación y explicar mejor los beneficios que estas instalaciones de mayor tamaño aportan a la sociedad. 

Otras opciones a valorar 

El informe también señala la oportunidad que representan fórmulas innovadoras como la agrovoltaica, que combina cultivos como hortalizas, cereales, frutales o incluso invernaderos con placas para la generación de energía solar. Sin embargo, esta opción choca todavía con obstáculos como la dificultad de compatibilizar la actividad agrícola con instalaciones renovables, ya sea por el tipo de cultivo o por el desconocimiento de la viabilidad de instalaciones mixtas. 

Otra alternativa recogida en el informe es el impulso de las comunidades energéticas locales, percibidas como una herramienta eficaz para que ciudadanos y empresas participen directamente en la producción y consumo de energía limpia, logrando aumentar su capacidad de generación junto con importantes tasas de ahorro. 

Un consenso posible 

La principal conclusión del estudio es que la sociedad valenciana, también en el ámbito rural, respalda mayoritariamente el despliegue de energías renovables, aunque exige que se haga con diálogo y sensibilidad hacia el territorio. “Las opiniones son mucho menos divergentes de lo que parece”, resume Fresco, convencido de que el reto está en mejorar la comunicación y traducir los consensos potenciales en proyectos tangibles y sostenibles. 

De este modo, se puede sostener que el informe “Energía Verde y Territorio”, si bien no cierra un debate, ha permitido abrir una conversación más amplia entre el sector energético, el mundo rural y las instituciones. Un diálogo que permitirá, si se cumplen las expectativas, que todos salgan ganando. 

FICHA DEL ESTUDIO