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La constructora choca contra la falta de fondos tras vencer en los tribunales

Torrescamara gana su litigio por una carretera en Perú pero la administración suspende la obra

  • Juan Cámara. Foto: EVA MÁÑEZ
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VALÈNCIA. La constructora valenciana Torrescamara ha vencido la pugna judicial que le enfrentaba a un consorcio empresarial en Perú por la construcción de una carretera, pero tras obtener el respaldo en los tribunales se ha quedado sin la adjudicación de la obra por falta de fondos, según detallan a Valencia Plaza fuentes de la propia compañía. 

Se trataba de un contrato de alrededor de 7 millones de euros para la mejora de la vía entre las poblaciones de Túcume y Mórrope licitada por el Gobierno Regional de Lambayeque (Perú), una vía a la que optaron Torrescamara y el Consorcio Túcume.

El comité externo encargado de determinar cuál era la mejor de las propuestas seleccionó en un primer momento la presentada por Torrescamara, pero el consorcio empresarial peruano recurrió esta decisión con el argumento de que uno de los ingenieros de la propuesta española carecía de un curso necesario para adjudicarse la obra.

Ante tal acusación, el "comité especial" encargado de resolver sobre la obra anuló la propuesta de la firma presidida por Juan Cámara y seleccionó la del Consorcio Túcume como la mejor. No obstante, de inmediato esta candidatura también fue acusada de contener irregularidades -del mismo tipo que la de la propuesta valenciana-.

El Gobierno cierra el grifo

Pese a ello, la administración regional -en concreto el jefe de Logística- decidió firmar el contrato con el consorcio peruano, si bien el gobernador regional finalmente corrigió a su subordinado para anular de nuevo la adjudicación, un enredo que Torrescamara decidió llevar a la justicia para que decidiera sobre el proceso.

Tras meses de espera, el organismo regulador al que acudió la empresa valenciana le dio la razón, pero en paralelo el Gobierno del Perú dejó sin presupuesto la actuación. ¿Los motivos? Los diferentes criterios dentro del Gobierno Regional y los incumplimientos del adjudicatario, derivados de la incertidumbre por la judicialización del contrato.

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