VALENCIA (EFE/VP). El exjefe del Servicio Jurídico de la Agencia Valenciana de Turismo (AVT) Juan Bover ha afirmado hoy que no tuvo duda alguna de la legalidad de la adjudicación a la empresa del grupo Correa en Valencia Orange Market del concurso para el montaje del expositor de la Generalitat en la feria Fitur en 2005.

Bover, para quien el Ministerio Público reclama una pena de siete años de inhabilitación, ha declarado hoy como imputado en el juicio que se celebra en el Tribunal Superior de Justicia valenciano por los contratos de la Generalitat con la trama Gürtel para el montaje de su expositor en Fitur.

Según el asesor jurídico, uno de los trece procesados en la causa, la aceptación de la propuesta de adjudicación a Orange Market para este trabajo se dio tras la "explicación motivada y racional de las decisiones contenidas y derivadas del informe técnico", cuya elaboración fue, ha dicho, "impecable".

Sobre los criterios a la hora de escoger la propuesta de esta empresa y no otras, ha señalado que el supuesto "número dos" de la trama corrupta, Pablo Crespo, "jamás influyó" en sus decisiones, y que "jamás" recibió tampoco regalos de las empresas de Correa.

Juan Bover ha admitido que debía velar por "que el expediente -de contratación- se ajustara a la legalidad", pero, según ha recordado la fiscal, este se tramitó "de modo diferente" a los anteriores.

En los documentos, "si había algo jurídico mal puesto, lo ampliaba y corregía" e introducía "lo que creía que debía contener", ha dicho, y ha reconocido que está "en el banquillo por asumir una responsabilidad", aunque no recuerda si elaboró o miró el informe sobre el expediente de contratación.

En su declaración, ha asegurado que no le llamaron la atención cambios respecto a expedientes de ediciones anteriores de Fitur: "No había cambios sustanciales", ha dicho, pero la fiscal ha destacado que hubo unificación de diseño y montaje, bajada al 15 % del criterio económico y subida de determinadas puntuaciones, entre otras modificaciones.

Juan Bover ha explicado que entró a trabajar en la AVT en marzo de 1992 como asesor jurídico, "tras un proceso público selección", y que, en junio de 2005, solicitó traslado al servicio jurídico "porque la incorporación de la Agencia a la Conselleria de Turismo motivó la existencia de un departamento jurídico".

De este modo, ha admitido que dependía, aunque "indirectamente", de la AVT y que cumplía las órdenes que se le daban desde este organismo, que contaba con un departamento jurídico "con personalidad jurídica propia y diferente" al departamento jurídico de la Conselleria de Turismo.

Bover ha declarado que la AVT tramitó la contratación de los expositores de la Generalitat en Fitur 2005, y a quien correspondía demandar la adjudicación de un contrato era "al órgano que promovía los expedientes: el área de Mercado y Contratación".

Del mismo modo, ha insistido en que no tuvo acceso a borradores de estos contratos y que no recibió ninguna consulta verbal sobre este expediente de contratación de Fitur.

Sobre la indicación de la Sindicatura de Cuentas de que todos los contratos debían ajustarse a la nueva normativa administrativa de contratación pública -para regular expedientes, contenido y criterios, entre otros- ha dicho que desconoce "por qué no se aplicaron los criterios" en la contratación para Fitur ese año.