VALÈNCIA (EFE) El Juzgado de Instrucción número 2 de Sueca investiga un supuesto caso de prevaricación en el Ayuntamiento de Sueca cometido durante el mandato de Joan Baldoví -actual diputado en el Congreso por Compromís- por no haber acatado las órdenes de paralización y demolición de unas obras que fueron declaradas ilegales.

Según han informado fuentes judiciales a EFE, recientemente la sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia ha rechazado el archivo de la denuncia acordado por el citado juzgado y ha ordenado que se mantenga la investigación penal por tener el caso indicios de prevaricación o al menos de desobediencia “por inactividad ante las infracciones administrativas detectadas”.

El caso tiene su origen en una denuncia presentada en 2007 por unos propietarios de una urbanización ante unas obras anexas sin licencia que incurrían además en un exceso de volumetría. La ilegalidad de esas obras fue reconocida por el Consistorio, cuyos servicios jurídicos ordenaron la paralización de las mismas.

El caso llegó hasta el TSJCV, que dio la razón a los denunciantes, aunque las sucesivas órdenes, primero de paralización de las obras, y después de demolición, nunca llegaron a ejecutarse.

El pasado 25 de enero el Ayuntamiento decretó la caducidad y archivo del expediente, y en febrero abrió uno nuevo para dar cumplimiento a la sentencia del TSJCV.

Esta circunstancia, a juicio de los magistrados de la sección segunda, “no guarda relación con lo que fue el objeto del procedimiento cuya caducidad se ha ordenado, ni podría impedir, en caso de acreditarse que la inactividad se reputase como injusta, que la conducta fuera penalmente relevante”.

Según informa este jueves el diario Las Provincias, en el marco de estas pesquisas el Juzgado de Instrucción número 2 ya ha citado a declarar a dos funcionarias municipales para el próximo 22 de enero y habría tratado -sin éxito- de hacer efectiva, a través del Consistorio, la citación a Joan Baldoví y la actual secretaria autonómica de Cultura, Raquel Tamarit, ya que ambos han sido alcaldes de la localidad.

La condición de aforado de Baldoví impediría, en principio, que este juzgado de instrucción pudiese citarlo a declarar, ya que la competencia para investigarle reside exclusivamente en el Tribunal Supremo, aunque el exalcalde podría hacerlo de forma voluntaria e incluso por escrito.