VALÈNCIA. (EFE) Unides Podem ha presentado una iniciativa en Les Corts Valencianes en la que reclama la reforma de la ley de Estabilidad presupuestaria para que se ajuste a la realidad concreta del territorio valenciano, al tiempo que solicita al Gobierno que reconozca la deuda histórica derivada de la infrafinanciación.

El portavoz de Economía de este grupo parlamentario, Ferran Martínez, ha recordado que la ley establece que las administraciones públicas, independientemente de sus realidades de financiación concretas, deben tener un endeudamiento máximo del 60 % del PIB y un déficit estructural igual o inferior al 0,4 % del PIB para 2020.

En un comunicado, ha señalado que el cumplimiento de estos objetivos de estabilidad se tienen en cuenta para las emisiones de deuda, las concesiones de subvenciones y la suscripción de convenios entre las Comunidades y el Estado central.

De la misma forma, ha añadido, el incumplimiento de estos objetivos y la asunción de las sanciones se hacen por parte de la administración pública, correspondiéndole la posibilidad de intervención al gobierno central.

Martínez ha destacado que la Comunitat Valenciana "arrastra una deuda histórica de aproximadamente 20.000 millones de euros con el Estado central". Ha asegurado que esta deuda histórica y la infrafinanciación a la que se ha sometido al conjunto de la sociedad valenciana "son las principales causas de los desajustes estructurales del conjunto de la financiación valenciana".

Para el diputado, "el primer paso es ajustar la ley de Estabilidad presupuestaria a la realidad concreta del territorio valenciano, para que su aplicación no perjudique todavía más la precaria situación de las finanzas de la Generalitat".

"Las leyes tienen que trabajar para mejorar las condiciones objetivas del desarrollo económico y social del país donde se aplican", ha defendido.

Por ello, el parlamentario ha reclamado la reforma de esta ley para que los objetivos individuales de estabilidad presupuestaria y de deuda pública de las Comunidades Autónomas queden vinculados a criterios objetivos derivados del contexto social, económico y financiero de cada una de ellas.

Asimismo, propone que se permita aprobar líneas de crédito extraordinarios a las Comunidades Autónomas con problemas de financiación sin que estos estén sometidos a las restricciones y los controles derivados de la aplicación de la ley.