BRUSELAS (EFE). El Parlamento Europeo respaldó este jueves la normativa que simplifica el arancel contra la importación de productos fabricados fuera de la UE con altas emisiones de CO2 y que, en la práctica, eximirá al 90 % de las empresas de tener que pagar este recargo una vez se empiece a aplicar en 2026.

La modificación sitúa en 50 toneladas de CO2 al año el umbral para que los operadores estén obligados a abonar este arancel, llamado mecanismo de ajuste de carbono en frontera (CBAM), lo que reduce a un 10 % las compañías afectadas por el mismo y libera de su pago, sobre todo, a pequeñas y medianas empresas.

No obstante, el Parlamento Europeo destacó en un comunicado que "los objetivos medioambientales se mantienen", puesto que el arancel "seguirá aplicándose al 99 % de las emisiones totales de CO2 procedentes de las importaciones de hierro, acero, aluminio, cemento y fertilizantes".

Ademas, las modificaciones simplifican los trámites de autorización para los operadores que importen bienes sujetos al arancel, facilitan el cálculo de las emisiones y mejoran la gestión de la responsabilidad financiera, además de reforzar las medidas destinadas a prevenir abusos, informa la Eurocámara.

Los eurodiputados dieron su visto bueno al cambio con 564 votos a favor, 20 en contra y 12 abstenciones, por lo que la Eurocámara ya está preparada para iniciar negociaciones con el Consejo de la UE (que representa a los Estados miembros) para definir la redacción definitiva de la legislación.

Estos cambios sobre el funcionamiento del arancel del bloque para gravar las importaciones con elevada huella de carbono formaba parte de la primera de las rondas de simplificación legislativa que la Comisión Europea está impulsando en sus primeros meses de mandato como parte de sus esfuerzos para mejorar la competitividad del bloque.

El objetivo de este instrumentos es conseguir que las compañías europeas que están sujetas a las normas climáticas del bloque y tienen que pagar por sus derechos de emisión de CO2 no estén en una desventaja competitiva frente a sus rivales de terceros países en los que las exigencias climáticas son menos ambiciosas.

El Ejecutivo comunitario recopila desde octubre de 2023 datos sobre importaciones de cemento, acero, aluminio o fertilizantes en una fase "transitoria" hasta que empiece a recaudar este arancel a partir de 2026.