VALÈNCIA (EFE). El grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de València ha asegurado que el Gobierno de Joan Ribó y el PSOE "han tenido que devolver más de 8,7 millones de euros a valencianos por el cobro del impuesto de plusvalías desde el año 2018, de ellos 8,5 millones por devoluciones y cerca de 200.000 euros por anulaciones".

El Ayuntamiento ha tenido que estimar más de 4.715 alegaciones por el cobro de plusvalía, según señala el grupo municipal en un comunicado.

La portavoz del PP, María José Catalá, ha señalado que el Gobierno de Ribó y PSOE "no puede seguir más en su escalada de aumento de la presión fiscal a la familias y negocios de la ciudad".

Según Catalá, "deben ya tomarse medidas urgentes para apoyar a las familias, y la mejor medida es bajar impuestos y tasas municipales como venimos pidiendo desde el PP".

A juicio de la portavoz, el dinero "debe estar en el bolsillo de los valencianos y no en los bancos donde el actual Gobierno municipal tiene ya más de 154 millones de euros, 57 millones más que el año pasado".

Catalá ha asegurado que "desde el PP en el Ayuntamiento hemos presentado iniciativas para que los valencianos no paguen el impuesto de plusvalía" como la petición de una bonificación del 95% para los casos de herencia, pero "siempre han sido rechazadas nuestras propuestas por el Gobierno de Ribó y PSOE".

También se pidió que el coeficiente que aplica el Ayuntamiento se rebaje del 29,5 % al 25%, pero "tampoco la aprobó el gobierno municipal", ha indicado la portavoz.

Catalá ha asegurado que para el PP este impuesto es "totalmente injusto" y por ello presentó una enmienda desde el Congreso de los Diputados cuando se aprobó la nueva ley de plusvalía. El PP pedía una ley "para quitar el impuesto de plusvalías y cobrarlo sólo a empresas que facturen más de un millón de euros", ha explicado.

Para paliar el menoscabo que pudiera derivarse de esta nueva exención -a la que obligaba la reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional-, para la suficiencia y autonomía de las entidades locales, el PP propone el diseño de un sistema de compensación que complemente los posibles efectos negativos de pérdidas de recaudación, un diseño para el cual piden de la participación de la Comisión Nacional de Administración Local y la Federación Española de Municipios y Provincias.