VALÈNCIA (EFE) La Junta de Gobierno Local aprobará este viernes "la primera ordenanza de prestaciones económicas individualizadas en materia de servicios sociales", unas actuaciones en las que el Ayuntamiento invertirá unos 5 millones de euros en ayudas de bienestar social y en "la mejora de la autonomía de personas mayores".

La concejala de Servicios Sociales, Isabel Lozano, ha avanzado que "se incorporará un nuevo equipo de trabajadores sociales para reforzar el trabajo de los Centros Municipales de Servicios Sociales", han informado fuentes municipales.

La corporación municipal destinará 5.218.000 millones de euros para 2020, la misma cuantía que en 2019, en unas ayudas que "son derecho subjetivo y universal de cada una de las personas beneficiarias que no depende de una convocatoria concreta".

Lozano ha destacado que "la principal novedad es que cubran todas las necesidades básicas como alimentación, vivienda, cuestión de higiene, sanidad, nivel educativo, financiamiento de actividades de ocio y tiempo libre, necesidades de transporte o trámites documentales", entre otros, cuando hasta ahora la ayuda "se limitaba a alimentación".

En la primera tipología de ayudas, de necesidad social, la edil ha comentado que abarca conceptos como "deudas de alquiler, el pago de entrada de una vivienda, alojamientos alternativos, reparaciones en la vivienda, el pago para paralizar desahucios u ofrecer alojamientos provisionales para aquellas personas en riesgo de pérdida de la vivienda", entre otros.

Los requisitos para solicitar estas prestaciones son estar empadronados en València o, en situaciones excepcionales, demostrar que se reside en la ciudad como "los extranjeros que no tienen todavía regularizada su situación y están en situaciones de demanda de asilo o refugio".

En cuanto a las ayudas para la mejora de la autonomía de las personas mayores, Lozano ha explicado que existen dos subtipos: "Por un lado las ayudas técnicas como los audífonos y la adaptación a la vivienda para las personas con movilidad reducida, y por otro, la adaptación de los vehículos a motor".

Los requisitos para estas personas son "tener más de 60 años y demostrar algún grado de discapacidad motor o sensorial", según ha indicado.

Asimismo, ha remarcado que "las personas que acrediten la condición de víctima de violencia de género se incrementan las cuantías máximas en un 10 % adicional" y que "son compatibles con otras ayudas, subvenciones o ingresos procedentes de cualquier Administración".

Según Lozano, las nuevas ayudas facilitan "el trabajo del personal de los servicios sociales", que va a ser reforzado próximamente con "la incorporación de una decena de nuevos trabajadores sociales en los 12 Centros Municipales".