VALÈNCIA. El Juzgado de Instrucción número 12 de València ha dictado la apertura de juicio oral contra el exasesor del PP municipal de València Jesús Gordillo, según ha adelantado El Español. 

La Fiscalía pide para él un año de cárcel con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, además de 5 meses de multa con cuota diaria de 20 euros.

Gordillo fue en su día testigo clave la pieza del caso Taula relativa a la financiación de varias campañas electorales de Rita Barberá. El exasesor aportó pruebas de prácticas ilegales para sufragar las campañas y su testimonio se convirtió en clave para la investigación. Sin embargo, cuando se celebró el juicio en la Audiencia Provincial de Valencia y acudió a declarar como testigo, cambió su versión y eximió al que fuera vicealcalde de València Alfonso Grau de cualquier responsabilidad.

Una rectificación que no surtió efecto, puesto que el tribunal no le creyó y condenó a Grau a cuatro años y medio de cárcel. Y no solo eso, sino que acordó, a petición de la Fiscalía y de Compromís, deducir testimonio e investigar si Gordillo mintió al declarar como testigo, que es un delito.

El cambio de versión

El exasesor de Grau trabajó en Laterne, una agencia de comunicación de la que se sirvió el grupo municipal popular para financiar la campaña de 2007. Esta sociedad no tenía actividad real y se dedicó a canalizar ingresos de entidades municipales y de diferentes empresas con elevado nivel de contratación con el Ayuntamiento. Su administrador era Vicente Sáez, fallecido y amigo de Grau. 

Durante su declaración en la fase de instrucción, Gordillo reveló las supuestas corruptelas del PP de la ciudad para la financiación de las campañas electorales de 2007 y 2011, en declaraciones tanto ante la Guardia Civil como del juez instructor.

Sin embargo, en el juicio, donde también acudía como testigo, cambió radicalmente su versión de los hechos. A pesar de las advertencias del presidente de la Sección Segunda sobre las posibles consecuencias de un falso testimonio, Gordillo atribuyó a un empresario ya fallecido la propiedad de 350.000 euros en efectivo (destinados según la sentencia para sufragar gastos electorales del PP en 2007) que en fase de instrucción atribuyó a Grau.

Preguntado en la sala por este cambio de versión, Gordillo dijo que declaró "presionado" ante la Guardia Civil, que fue víctima de "preguntas capciosas o malintencionadas", que su situación de salud "no era buena" y que, además, un hombre le paró "en una calle poco transitada de València" y le amenazó mostrándole una foto de sus hijos. Dijo que este era el motivo por el que había entregado abundante documentación a una periodista de Valencia Plaza y que no conocía el contenido de esta documentación.

La sentencia de la Audiencia de Valencia considera que el testimonio de Gordillo "carece de cualquier apoyo probatorio y carece de dato alguno que permitiera averiguar si pudiera ser o no cierta, al ser muy pobre en detalles".

A juicio de los magistrados, lo que ofrecía la documentación que entregó Gordillo y la documentación bancaria y fiscal aportadas durante la fase de instrucción "es congruente con lo que declaró en dependencias policiales y ante el juzgado de Instrucción: se trataba de documentación acreditativa de que los servicios contratados por Laterne para atender lo que se le fue demandando para organizar y desarrollar la campaña electoral del PP al Ayuntamiento de Valencia en 2007 eran los plasmados en las relaciones de facturas contenidas en dicha documentación. Y los importes recogidos en relaciones y facturas se correspondían con los reclamados por los proveedores y que fueron abonados".

A lo que añaden que la prueba testifical practicada en el juicio "no abona la hipótesis" ofrecida por Gordillo: "Este dijo que facturas reclamadas a Laterne o al Ayuntamiento por servicios de campaña no se correspondían con los servicios prestados para la campaña. Sin embargo, dicha versión no fue confirmada por ninguno de los trabajadores de Laterne".