VALÈNCIA. Un informe provisional de la Agencia Valenciana Antifraude señala varias irregularidades en el papel de José Marí Olano como concejal de Contratación del Ayuntamiento de València que afectarían a seis contratos municipales por valor de unos 255 millones de euros. El informe, desvelado por Compromís, recoge que Olano no motivó de forma adecuada su abstención por posible conflicto de intereses en varios procedimientos de adjudicación al no especificar la fuente del posible conflicto, es decir, al no aclarar las empresas para las que trabaja en su ejercicio privado como abogado.
Entre los contratos afectados hay actuaciones relevantes como la regeneración urbana de Pérez Galdós y Giorgeta, el millonario contrato de mantenimiento del sistema de saneamiento, los huertos urbanos de Els Orriols o mejoras en equipamientos municipales.
Antifraude critica que la comunicación de la abstención en varios de estos procesos "no reúne los requisitos mínimos de validez al omitir la identidad del sujeto que genera el conflicto de interés". El organismo que dirige Eduardo Beut dvierte que "se impide contrastar la veracidad de la causa o detectar otros conflictos no declarados, generando indefensión". Además de ello, ha habido procesos en el que no se ha suplido la ausencia de Olano cuando el concejal se abstuvo, por lo que tras la marcha del concejal, "la Mesa actuó sin el quórum de constitución necesario". Lo que provoca que los actos derivados "estarían viciados de una irregularidad administrativa por infracción de las normas de constitución de los órganos colegiados".
Otro de los hechos que Antifraude reprocha en su informe preliminar al que el Ayuntamiento ha presentado alegaciones, es que Marí Olano se abstuviese en el momento de la adjudicación y no desde el principio del procedimiento de contratación. El informe señala que "resulta contradictorio que un profesional de su perfil declare formalmente la inexistencia de vínculos [...] para, posteriormente, reconocer una causa de abstención preexistente".
Cabe recordar que Marí Olano mantiene dedicación parcial y compatibiliza su labor como concejal con el ejercicio de la abogacía en el sector privado, donde cuenta con varias empresas que contratan con el Ayuntamiento como clientes. Sin embargo, Olano no ha desvelado el listado de empresas para las que trabaja pese a que el Síndic de Greuges haya instado en varias ocasiones a que facilite esa información a la oposición para conocer si existe un conflicto de intereses.
A pesar de esta circunstancia, la alcaldesa, María José Catalá le nombró responsable de Contratación en la última remodelación de gobierno y hasta el pasado mes de diciembre, el concejal presidía también la mesa de contratación municipal, el órgano encargado de adjudicar contratos públicos. De hecho, tuvo que abstenerse en varias ocasiones en las que concurrían empresas que son a su vez sus clientes. Es precisamente en su papel como presidente de la Mesa en el que se centran las advertencias de Antifraude.
La portavoz de Compromís, Papi Robles, ha advertido de la gravedad de los hechos y de las consecuencias que pueden tener para la ciudad. “Estamos ante una revelación de primera magnitud. Si se confirman estas conclusiones, la gestión de Marí Olano puede poner en peligro inversiones fundamentales para València e incluso obligar a devolver fondos europeos. Es inadmisible que la mala fe de un concejal la acabe pagando toda la ciudadanía”, ha denunciado.
Compromís per València considera que este informe confirma un patrón de gestión basado en la opacidad y el favoritismo y apunta también a la responsabilidad de Catalá. "Recordemos que Marí Olano es una apuesta personal de Catalá, que lo ha protegido pese a todas las advertencias. Hoy ya no hablamos solo de falta de ética o de posibles irregularidades". Desde Compromís insisten en que "hasta ahora hablábamos de malas prácticas. Hoy sabemos que pueden tener un coste directo para todos los valencianos. El señor Olano puede salirnos muy caro”, ha advertido Robles.
Desde el equipo de gobierno, el portavoz popular, Juan Carlos Caballero, ha calificado de "muy grave" que Compromís haya "filtrado un informe que tiene caracter reservado" al tratarse de un documento "preliminar" que no incorpora las alegaciones de la parte afectada. Caballero considera que se trata de una estrategia de Compromís para "embarrar" el terreno político. "No vamos a seguir alimentando esta batalla y esperaremos al informe definitivo para hacer cualquier valoración", ha insistido el portavoz. No obstante, Caballero ha negado que se ponga en riesgo "ningún contrato ya adjudicado".
