VALÈNCIA. Tras hacerse públicas las acusaciones de un presunto amaño en el contrato de gestión publicitaria de la Fundación Valencia Activa, dependiente hasta hace poco el concejal Juanma Badenas, la alcaldesa de València, María José Catalá, encargó a la asesoría jurídica un informe sobre la legalidad del procedimiento de adjudicación del contrato publicitario para detectar posibles irregularidades. Ahora, un mes después, este informe está finalizado.

El documento, suscrito el pasado 28 de marzo por el titular de la Asesoría Jurídica y al que ha tenido acceso Valencia Plaza, asegura que los trámites administrativos fueron correctos pero evita pronunciarse sobre la controversia, la existencia o no del amaño, por sus limitaciones objetivas: el análisis sólo puede ceñirse al expediente de contratación, de manera que si hubo algún cambalache previo con intercambio de documentos fuera del mismo, no se puede tener constancia a estos efectos.

Así pues, el informe hace referencia a las informaciones aparecidas en The Objective según las cuales la adjudicataria del contrato publicitario, el Instituto Imedes, habría cocinado los pliegos con un documento previo y fuera del expediente tramitado por la Fundación que dirigía Badenas. "Es conocido que diversos medios de comunicación se han hecho eco de presuntas irregularidades producidas con ocasión de esta licitación y posterior adjudicación del contrato", recoge el documento.

En ese sentido, la asesoría municipal señala que no es "ocioso reiterar" en el informe que "nada de estas circunstancias puede deducirse de forma directa e inmediata de la información que nos ha sido facilitada". El motivo, explica, es "precisamente" la "naturaleza de esta información, que sencillamente documenta los trámites procedimentales, que es a lo único a lo que puede ceñirse este Informe".

Hay que recordar que, cuando el exconcejal de Empleo salió a dar explicaciones por las acusaciones de amaño, negó que existiera el documento donde Imedes presuntamente realizaba una propuesta de pliegos previa a la redacción de los mismos por parte de Valencia Activa, tal como se había publicado. Lo hizo acompañado por el responsable del control jurídico de la fundación municipal, Luis Ignacio Serra, quien defendió la legalidad del expediente pero aclaró, como la asesoría municipal ahora, que él sólo podía pronunciarse sobre los documentos incluídos en el expediente.

Respecto al expediente, en general, la asesoría constata que se cumplió la legislación de contratación, si bien hace varias consideraciones. Por ejemplo, echa "en falta un informe específico donde se precise, de forma documentada, el presupuesto base de licitación". Es decir, un estudio económico sobre los costes de mercado previo a determinar el precio del contrato, que finalmente se adjudicó por 128.000 euros a la mencionada consultora tras fijar un presupuesto con la única referencia de un contrato suscrito cinco años antes.

Valoración "desproporcionada" en los criterios "totalmente decisivos"

También analiza los criterios de adjudicación, y en la parte de los criterios automáticos -precio, cuatro mejoras y el compromiso de asistencia a las oficinas- "llama la atención" el tercero, pero aclara que "no han sido relevantes" para la adjudicación pues "la única diferencia" fue el precio. "Sí en cambio han sido totalmente decisivos los 4 criterios sujetos a un juicio de valor", expone, y recuerda que aquí se trata de una "valoración sujeta a discrecionalidad técnica", por lo que es "necesario acudir a la motivación de la decisión valorativa".

Y es aquí cuando la asesoría municipal considera que fue "desproporcionada la diferente valoración" entre Imedes y su competidora teniendo en cuenta las memorias de ambas ofertas "dado que en tres de los cuatro ítems se ha valorado con la máxima puntuación a Imedes, y con “0” al otro licitador". Ahora bien, insiste en que "la diferencia entre ambas ofertas de ambos licitadores resulta muy amplia", por lo que, aunque "el informe técnico es bastante parco", una diferente ponderación de los criterios "no hubiera cambiado" la adjudicación a Imedes.

Reparto publicitario

Y por otra parte, la Fundación aporta un informe final donde se constata que "todos los trabajos se llevaron a cabo bajo la supervisión y aprobación de Valencia Activa". Entre los trabajos a realizar estaba el reparto de una campaña publicitaria entre los diferentes medios de comunicación. Al respecto, cabe recordar que, entre diversos audios comprometedores de Badenas aparecidos en The Objective, cuya filtración el mismo edil ha anunciado que denunciaría, aseguraba antes de la adjudicación del contrato que estaba "acordado" con la empresa el destino de los fondos de las campañas publicitarias para evitar medios como Las Provincias, Valencia Plaza, Levante-EMV o la Cadena Ser por no ser afines a sus "ideas" y favorecer a otros mas próximos.

Finalmente, los 90.500 euros adjudicados a los medios se repartieron a través de diferentes formatos de la siguiente manera: 15.000 euros a Levante-EMV, 15.000 para OK Diario, 10.000 a El Debate, 7.500 a dos medios -El Mundo y Expansión-, 7.000 a EDA TV, 6.000 a Es Diario, 5.000 a cada uno de otros tres medios -Las Provincias, Valencia Plaza y El Periódico de Aquí-, 3.000 a otros dos -Cope y Valencia Capital Radio- y 1.500 a la 99.9. Sin embargo, el informe no recoge ninguna justificación por audiencias.

"El gobierno de Catalá se pone de perfil"

El edil de Compromís Ferran Puchades consideró tras conocer el informe que "el gobierno de María José Catalá se pone de perfil y evita poner la mano en el fuego por la gestión del concejal tránsfuga de Vox Juan Manuel Badenas tras la apertura de una investigación de la Fiscalía" y recordó que sus contrataciones "podrían ser constitutivas de, al menos, cuatro delitos entre los que figuran malversación de caudales públicos y prevaricación". Así, aseguró que su formación estudiará remitir a la Fiscalía la nueva documentación, "que amplía las evidencias de supuesta corrupción en el uso del dinero de todos los valencianos".

Para Puchades, es "totalmente escandaloso que la alcaldesa Catalá haya tardado un mes en entregar a la oposición un informe de la Asesoría Jurídica Municipal que al final lo que hace es lavarse las manos sobre la ilegalidad manifiesta de una contratación para gestionar inserciones en medios de comunicación afines supuestamente amañada por el concejal tránsfuga de Vox e Imedes, la propia empresa adjudicataria que presuntamente participó con anterioridad en la redacción de los pliegos de la licitación".

A su juicio, el informe final de inserciones en medios "demuestra claramente que estamos ante un evidente uso partidista y sectario del dinero público por parte del PP y Vox para hacerse autobombo con publireportajes y autoentrevistas y, así, convertir los medios de comunicación en simples altavoces de sus políticas ultras". Y ve "inadmisible" que los dos partidos "vuelvan a abrir de par en par las puertas del Ayuntamiento de València a los amaños, la corrupción y el despilfarro, unos comportamientos que fueron totalmente desterrados en 2015 con la llegada de Joan Ribó a la Alcaldía".