VALÈCNCIA (EP). La alcaldesa de València, María José Catalá, ha criticado este miércoles a la oposición por "no querer llegar a ningún acuerdo" para aprobar la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) y al respecto ha apuntado que si finalmente no sale adelante antes de que acabe el año, para evitar sanciones europeas y perder cerca de 115 millones de euros de fondos Next Generation, "tendremos que pelearlo judicialmente si se da el contexto determinado".

Catalá, en declaraciones a los medios tras el Consejo de Administración del Puerto, ha recalcado al respecto que el PP "ha sido el único grupo responsable para no perder esos recursos". Vox en el Ayuntamiento de València, que forma parte del equipo del gobierno con el PP, rechazó en el pleno de octubre la ordenanza reguladora de la ZBE, una normativa que iba a entrar en vigor el próximo 1 de diciembre y que no prosperó.

En ese sentido, ha apuntado que es "un problema de los que levantaron la mano con el no" contra la ZBE porque, ha insistido, "mi grupo y yo levantamos la mano con el sí". Por ello, ha apuntado que es "un problema de los que como el PSPV han decidido incorporar a la negociación de una ordenanza muy determinada proyectos urbanos que nada tienen que ver con esta ordenanza".

"En muchísimas ocasiones se nos insta a llegar a acuerdos con sentido de responsabilidad, el mismo Partido Socialista o Compromís, a veces nos dicen que tendríamos que contar más con ellos y esta ha sido una oportunidad única para dejar en evidencia lo que de verdad supone contar con el Partido Socialista y Compromís", ha subrayado.

Así, ha remarcado que desde el PP les han ofrecido en estas semanas de negociación a los grupos de la oposición, ante sus críticas de que era una ordenanza "de mínimos", incorporar nuevas etiquetas o ampliar el ámbito territorial" de su aplicación, "justo las alegaciones que ellos nos propusieron en su día".

Pero, ha reprochado, "en el momento en que estábamos allí, de repente nos dicen, no" y los socialistas introducen el Corredor Verde "cuando no se puede poner en una ordenanza de bajas emisiones" y desde Compromís dicen "muy bien, pero nos tenéis que aprobar una moción en el pleno del martes que viene que nada tiene que ver". "Me ha demostrado que no tienen ningún ánimo de llegar a ningún consenso por responsabilidad o por lo que sea", ha lamentado.

Catalá ha señalado que "negociaciones se dan todos los días". "Yo lo intento, tengo toda la disposición del mundo, he cogido sus propias alegaciones para negociar ese texto, pero no quieren negociar, no quieren llegar a ningún acuerdo, quieren incorporar en la negociación cuestiones que no tienen nada que ver ni se pueden escribir en una Ordenanza de Zonas de Bajas Emisiones", ha apostillado.

"Falta a la verdad"

Sin embargo, desde el PSPV la concejala socialista María Pérez ha reprochado en un comunicado a Catalá que "falte a la verdad" y que "no asuma su responsabilidad como alcaldesa por negarse negociar una ordenanza de ZBE que permita reducir la contaminación que sufren todos los barrios de València y que, además, va a hacer perder a la ciudad 115 millones así como que los usuarios de la EMT paguen un 67% más caro el bonobús".

"Catalá no solo no dice la verdad sobre las negociaciones sino que, además, parece haber olvidado que es la alcaldesa. Porque la responsabilidad de cumplir con la ley y tener una ZBE que mejore la calidad del aire es de la alcaldesa y del PP; la responsabilidad de conseguir llegar a un acuerdo con el resto de partidos políticos también es de la alcaldesa y del PP; y la responsabilidad de que esta ciudad no pierda 115 millones de euros ni las bonificaciones al transporte también es de la alcaldesa y del Partido Popular", ha afirmado.

Sin embargo, lamenta que Catalá "parece que refiere culpar a los demás antes que asumir sus obligaciones y esconder su falta de gestión detrás de excusas. Y eso no es gobernar, sino irresponsabilidad política", ha manifestado.

La concejala socialista ha rechazado las afirmaciones de Catalá, puesto que es "mentira que esté negociando todos los días así como que haya aceptado todas las alegaciones que planteó el Partido Socialista".

"En lugar de intentar ganar el relato con argumentos falsos como decir que hay conversaciones diarias, que se han aceptado las alegaciones del Partido Socialista o que la culpa es de quienes no quisimos aprobar una falsa Zona de Bajas Emisiones, la señora Catalá debería recordar que es la alcaldesa y hacer de verdad un planteamiento serio al Partido Socialista".

Para María Pérez, las declaraciones de Catalá son una "salida de tono" después de que el PP "se haya negado a negociar durante las dos semanas pasadas". "De hecho, el único partido que ha demostrado interés en garantizar una Zona de Bajas Emisiones y que València no pierda más oportunidades es el Partido Socialista, que sigue esperando retomar las negociaciones. Mientras algunas buscan excusas, otros seguimos buscando soluciones", ha finalizado.

"Dejar el cargo"

Por su parte, la portavoz de Compromís per València, Papi Robles, ha afirmado que si València pierde 150 millones de euros, Catalá "tendrá que dejar su cargo, porque el escándalo sería mayúsculo". "Lo que ha hecho hoy María José Catalá es un ejercicio de irresponsabilidad y cinismo político de manual. Pretende, una vez más, culpar a la oposición de su propio fracaso con la ZBE, cuando la realidad es muy clara: es ella quien ha decidido, de manera premeditada, incumplir la ley para no hacer su trabajo. Su fracaso es únicamente imputable a su incapacidad como alcaldesa.

En esta línea, Robles ha aseverado en un comunicado que la moción que Compromís presentó en la Comisión de Patrimonio "sí tiene que ver, y mucho, con la ZBE" porque "proponía acciones concretas para reducir la contaminación en València: pacificar Colón, mejorar el transporte público y proteger el patrimonio histórico de los efectos del tráfico".

"Es exactamente el camino que exige la normativa europea para avanzar hacia una ciudad más saludable. Pero Catalá, en lugar de sumarse a esa línea de trabajo, votó en contra. Es muy grave que una alcaldesa prefiera desafiar la ley y arriesgarse a perder hasta 150 millones de euros antes que reconocer que su gestión ha sido un desastre. Ahora amenaza con acudir a los tribunales, pero quien está vulnerando la norma y poniendo en riesgo el dinero y la salud de la ciudadanía es ella", ha advertido.

A su juicio, "en València tenemos una alcaldesa más preocupada por su promoción personal que por gestionar. Aprobar una ordenanza es gestión pura y dura, y en eso merece un cero rotundo. Su inmovilismo, su aceptación y aplicación de medidas de la extrema derecha y su falta de proyecto están convirtiendo una obligación legal en un nuevo ridículo institucional. Y la factura la pagaremos todos: más humo, más ruido, menos salud y menos dinero para la ciudad".

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