VALÈNCIA (EFE). La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha anunciado la presentación en el Congreso de los Diputados de seis iniciativas parlamentarias para activar el soterramiento de las vías de Serrerías y poner fin a "un bloqueo injustificado de la prolongación sur del túnel de Serrería" por el Ministerio de Transportes.
Las iniciativas, firmadas por la diputada por Valencia del grupo parlamentario popular, Alma Alfonso, está compuesto por dos solicitudes de documentación —dirigidas al Ministro de Transportes y al presidente de ADIF— y por cuatro baterías de preguntas escritas al Gobierno, ha informado el PP en un comunicado.
Las preguntas cercan al Ministerio de forma simultánea en cuatro frentes: la situación contractual y económica del Estudio Informativo el uso contradictorio del Estudio de Viabilidad de 2015, el incumplimiento de las resoluciones firmes del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y el desprecio ministerial al Ayuntamiento de València.
"Valencia lleva más de cuatro años esperando a que el Gobierno de Pedro Sánchez dé explicaciones sobre por qué tiene secuestrado un estudio informativo ejecutado al 76 %, que se pagó con dinero público y que es imprescindible para el futuro de nuestra ciudad", ha afirmado Catalá.
Cuatro años de silencio sobre un estudio pagado al 76 %
La batería de preguntas escritas sobre el Estudio Informativo exige al Gobierno explicaciones por escrito, con fechas y actos administrativos concretos, sobre la situación actual del expediente, la valoración económica y contractual formalizada conforme al artículo 208 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, y si existe previsión de dictar orden de reanudación en el ejercicio 2026.
Uno de los argumentos repetidos por el Ministerio ha sido que la prolongación sur del túnel de Serrería no puede abordarse mientras no concluyan las obras del túnel pasante, al entender que su ejecución cortaría el Corredor Mediterráneo, pero cuando eso se confronta con la propia documentación contractual del Ministerio, se revela como una "excusa técnicamente insostenible", ha sostenido.
Según ha apuntado, "si el Ministerio hubiera dejado finalizar el contrato en sus plazos originales, el Estudio Informativo habría incorporado, por mandato contractual expreso, el análisis técnico de cómo minimizar la afección al servicio ferroviario durante la ejecución de las obras, incluyendo las posibles soluciones de desvío provisional, fases constructivas y compatibilidad con el tráfico del Corredor Mediterráneo", ha explicado.
"La excusa del túnel pasante es una falacia administrativa", ha afirmado Catalá, para quien el Ministerio suspendió el contrato por motivos que no han querido explicar, y ahora pretende justificar esa suspensión mediante una afirmación técnica que habría sido respondida por el propio contrato si lo hubieran dejado terminar, lo que con considerado "una cadena de incoherencia".
El Estudio de Viabilidad desmonta el relato ministerial
La batería de preguntas sobre el Estudio de Viabilidad desmonta el relato ministerial: exige al Gobierno sobre qué base documental afirmó el Ministerio que la Alternativa 3 -la que defiende el Ayuntamiento- "estrangularía" los accesos ferroviarios del Puerto, reclamando identificación del informe, fecha, órgano autor y copia del documento, que ADIF ha reconocido por escrito que no existe.
635.000 euros invertidos
Las iniciativas parlamentarias ponen también el foco en la dimensión económica del bloqueo administrativo, pues los valencianos han financiado ya, a través de sus impuestos, dos contratos del Ministerio y de ADIF Alta Velocidad relativos a la prolongación sur del túnel de Serrería por un total de 635 euros.
Son el Estudio de Viabilidad técnico-económica (adjudicado 2014 y entregado en diciembre de 2015, por 441.787,50 euros) y el Estudio Informativo del que se han abonado 193.387,57 euros correspondientes al 76 % de ejecución alcanzada antes de la suspensión de noviembre de 2021.
Batería de preguntas
La batería de preguntas exige al Ministerio explicar cómo puede sostener que no había recibido documentación municipal desde junio de 2024 cuando el propio Ayuntamiento remitió, el 11 de septiembre de 2024, informes del Servicio del Ciclo Integral del Agua, del Servicio de Movilidad y del Servicio de Asesoramiento Urbanístico, a lo que se suma el cumplimiento de dos resoluciones firmes del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
"Esto no es un retraso administrativo: es un desprecio institucional", ha concluido Catalá, para quien el Ministerio "incumple simultáneamente con el Ayuntamiento, con el Consejo de Transparencia y con los ciudadanos".
