VALÈNCIA (EP). El grupo de Compromís en el Ayuntamiento de València ha exigido este viernes el cese de la tercera teniente de alcalde y concejala de Recursos Humanos y Técnicos, Julia Climent (PP), "después de la tercera condena por purgar funcionarios de carrera" de este consistorio.
Así lo ha planteado, en un comunicado, el edil de Compromís Ferran Puchades, que ha informado "de la tercera sentencia que anula la amortización de un puesto de trabajo de la administración municipal, en este caso del exjefe de sección de museos de Cultura Festiva". Igualmente, ha destacado que "el Ayuntamiento deberá de reubicarlo dentro de su organización".
El representante de Compromís ha expuesto que el consistorio "ha sido condenado por el juzgado contencioso-administrativo número 7 de València a reconocer el derecho del trabajador público que fue expulsado de la administración municipal a ser reintegrado como funcionario de carrera y a asignarle un lugar correspondiente a su categoría".
Ferran Puchades ha insistido en que esta es "la tercera ocasión" en la que esta administración local es condenada "por vulneración de derechos, después de la sentencia dictada en el mes de junio por el enjuiciado número 10 como consecuencia de la demanda formulada por otro funcionario que se encontraba en idéntica situación y por otra más reciente referida a otro funcionario".
Compromís ha detallado que "los tres funcionarios procedían de otras administraciones y consolidaron su puesto de trabajo en el Ayuntamiento de València intermediando el preceptivo concurso en el que obtuvieron su plaza". Asimismo, ha apuntado que dos de ellos ocupaban jefaturas de sección en la concejalía de Cultura Festiva y un tercero del servicio de Agricultura.
"Sus puestos de trabajo fueron amortizados, y por tanto, desaparecieron del organigrama municipal, pero en vez de ofrecerles otros lugares de similares características, como exige la ley, fueron expulsados de la administración municipal de forma injustificada", ha explicado la formación política.
A este respecto, ha remarcado que "Ferran Puchades ya denunció en su momento que estos acuerdos impulsados por la concejala responsable de Personal, Julia Climent, eran una situación inédita en la historia democrática de València y que solo obedecían a motivaciones políticas" por la incorporación de esos trabajadores "durante el mandato de --el anterior alcalde-- Joan Ribó --de Compromís--".
"Persecución política"
Ferran Puchades ha afirmado que esa fue "una decisión de persecución política impulsada en un primer momento por el concejal de Fallas, Santiago Ballester (PP)".
"Esta nueva sentencia confirma aquello que denunciamos. Estamos ante una persecución de origen político que solo se ha producido contra funcionarios que se incorporaron con el gobierno de Compromís, a pesar de que estas personas tienen una calificación y reconocimiento profesionales fuera de toda duda, confirmada por su trabajo y entrega en el ejercicio de sus competencias durante los pasados años", ha subrayado el edil.
Puchades ha comentado que atendiendo a una pregunta que formuló, "Julia Climent ha informado de que esta situación solo se ha producido afectando a estos tres funcionarios y que no ha ocurrido en ningún otro momento ni puesto de trabajo" y de que "solo ha afectado a tres servidores públicos que obtuvieron su lugar por el procedimiento ordinario de concurso durante el gobierno de Joan Ribó".
"La resolución judicial pone de manifiesto de manera clara y rotunda que la desaparición de los puestos de trabajo que venían ocupando no tenía ninguna justificación, así como la arbitrariedad del gobierno municipal, incumpliendo su obligación de haberles ofrecido un lugar dentro de la administración municipal de la que formaban parte de pleno derecho, tal como acredita de forma clara la sentencia", ha considerado Puchades.
Así, ha manifestado que "esta sentencia demuestra, por tercera vez, que legalmente era injustificada la purga sectaria del gobierno municipal de no reubicar trabajadores públicos por motivaciones políticas".
"La justicia ya le ha tumbado tres veces la purga a --la alcaldesa, María José Catalá (PP)--. Si su concejala no acata las sentencias después de esta condena tendrá que asumir las responsabilidades", ha apostillado el edil.
Ferran Puchades ha pedido a Julia Climent que "se abstenga de recurrir la decisión del juzgado". "Las sentencias son claras en su mandato y recurrirlas solo ocasionará más gastos al erario público. Y solo tendría el efecto de intensificar la persecución de unos trabajadores públicos que no merecen una actitud que ni --la anterior alcaldesa-- Rita Barberá (PP) tomó durante los veinticuatro años de gobierno".
"Actitud sectaria"
Con todo, el concejal de Compromís ha afirmado que "Catalá tiene que cesar a Climent de sus responsabilidades al frente de la delegación de Personal" porque "ha demostrado que mantiene una actitud sectaria, obstruccionista de los mandatos judiciales y perjudicial para el buen funcionamiento de la administración y su neutralidad respecto de los intereses políticos".
"De otras administraciones"
En respuesta a Ferran Puchades, respecto a la sentencia que ha dado a conocer y a las acusaciones de "persecución política", desde el ejecutivo de la capital valenciana han señalado que "se han seguido criterios estrictamente jurídicos y técnicos".
A su vez, han avanzado que esa sentencia "se recurrirá en apelación porque tanto en este caso como en los dos anteriores", los trabajadores de los que habla "eran funcionarios de otras administraciones públicas que no llegaron a integrarse en la plantilla municipal" de la capital valenciana. "Es decir, que no eran funcionarios propios del Ayuntamiento de Valencia, según la normativa de Función Pública que les era de aplicación", han remarcado.
