VALÈNCIA. Ante el innegable deterioro de la actual estación de autobuses de València, hace unos días la alcaldesa María José Catalá volvía a resucitar un proyecto recurrente: su posible traslado a otra ubicación. El edificio, inaugurado a comienzos de los años setenta, arrastra desde hace años problemas de conservación y falta de adaptación a las necesidades actuales del transporte interurbano, una situación que ha alimentado, legislatura tras legislatura, distintos proyectos para reformarla o directamente reubicarla.

En este contexto, esta semana la alcaldesa volvía a reactivar ese debate al plantear públicamente la necesidad de trasladar la estación a otra zona menos céntrica de la ciudad, esta vez en las afueras. Una posición que cuenta con el respaldo de la Generalitat Valenciana y que supone un nuevo giro respecto al planteamiento del gobierno del Botànic, que apostaba por reformar la dársena de la avenida Menéndez Pidal y que planteó a futuro la necesidad de acercar la infraestructura a la zona del Parc Central.

El Botànic planteó trasladarla al entorno del Parc Central

Y es que, pese a la reforma que proyectó el gobierno de Ximo Puig —y que no llegó a ejecutarse más que en forma de lavado de cara—, el propio borrador del Plan de Movilidad Metropolitana del Consell del Botànic también contemplaba la necesidad de un traslado de la estación, aunque con un criterio muy distinto al actual. Aquel documento proponía situarla en una zona más céntrica, en el entorno del Parque Central, con el objetivo de crear un gran nodo intermodal que conectara los autobuses interurbanos con Cercanías, metro, media distancia y la alta velocidad ferroviaria. De hecho, el entonces concejal de Movilidad del Ayuntamiento de València, Giuseppe Grezzi, llegó a calificar esa opción de “funcional”, siempre que se estudiara en profundidad su afección al tráfico de la ciudad.

Precisamente el tráfico es uno de los principales argumentos que esgrimen ahora la Generalitat y el Ayuntamiento para defender una ubicación periférica. Según sostienen, trasladar la estación a las afueras permitiría evitar que los autobuses de largo recorrido tengan que cruzar la ciudad.

Otro de los condicionantes: Alsa tiene concesión hasta 2038

Sin embargo, antes de cualquier decisión, desde la Conselleria de Infraestructuras reconocen que existen varios condicionantes, entre ellos: la concesión de la estación. Y es que la explotación del recinto está en manos de Alsa hasta el año 2038, un contrato que obliga a estudiar con detalle las implicaciones jurídicas y económicas de cualquier traslado. Desde la Conselleria admiten que los técnicos están analizando este aspecto y subrayan que el proyecto se encuentra aún en una fase muy incipiente.

La alcaldesa ha citado como una de las posibles opciones el entorno de la estación de metro de Empalme, en el límite con Burjassot, aunque desde ambas administraciones insisten en que se trata solo de una de las alternativas en estudio, que ni siquiera contaría con los terrenos definidos para ello. No en vano, la actual dársena ocupa más de 20.000 metros cuadrados. Lo que sí existe es un consenso claro entre la Generalitat y el Ayuntamiento para descartar el proyecto de reforma integral de la actual estación que impulsó el anterior Consell del Botànic.

No es la primera vez que la concesión frena un cambio de emplazamiento. Durante los años de gobierno municipal de Rita Barberá también se llegaron a plantear alternativas para mover la estación a otros puntos de la ciudad, pero el elevado coste que habría supuesto indemnizar a la concesionaria —con todavía muchos años de contrato por delante en aquel entonces— acabó descartando la operación.

En todo caso, tanto desde el Ayuntamiento como desde la Generalitat insisten en que no se trata de un proyecto a corto plazo ni mucho menos. Las posibles implicaciones jurídicas derivadas de la concesión vigente, unidas a la dificultad de encontrar terrenos adecuados por superficie, accesibilidad y conexión con el transporte público, sitúan cualquier traslado de la estación de autobuses en un horizonte que trasciende ampliamente la actual legislatura. Un escenario que, mientras tanto, condena a la infraestructura actual a prolongar su situación de degradación, a la espera de una solución definitiva que, una vez más, no parece cercana.