VALÈNCIA. La decisión del Ayuntamiento de València de externalizar la gestión ambiental y la comunicación de la Devesa-Albufera provoca la oposición de colectivos ecologistas y sindicatos, que denuncian que este nuevo contrato licitado por más de un millón de euros supone una privatización encubierta de funciones públicas clave y puede poner en riesgo la independencia técnica en la gestión de uno de los espacios naturales más emblemáticos de la ciudad.

El contrato, licitado el pasado mes de noviembre, contempla la asistencia a la gestión ambiental, la elaboración de informes técnicos, acciones de educación ambiental y tareas de comunicación, funciones que hasta ahora han sido desarrolladas por personal técnico municipal.

Recurso de CCOO

La sección sindical de CCOO en el Ayuntamiento de València ha presentado un recurso formal contra el acuerdo de la Junta de Gobierno, al considerar que el contrato externaliza funciones que deben ser competencia exclusiva del personal funcionario. Según el sindicato, las tareas que se pretenden adjudicar a una empresa privada implican la salvaguarda de intereses generales, como la protección del medio ambiente, el control de la legalidad ambiental y el asesoramiento técnico preceptivo.

CCOO subraya que estas funciones requieren objetividad, imparcialidad e independencia, condiciones que —afirman— solo puede garantizar el personal técnico municipal. En la última Mesa General de Negociación celebrada, los sindicatos con representación respaldaron la posición de CCOO y expresaron su rechazo a lo que califican como una “usurpación de funciones públicas”.

La oposición sindical se suma a la denuncia pública de diversas entidades ecologistas y sociales vinculadas a la Albufera, como Acció Ecologista-Agró, Ecologistes en Acció del País Valencià, Xúquer Viu y Per l’Horta. En su comunicado, las organizaciones acusan al Ayuntamiento de “utilizar la Albufera como una marca mientras se privatizan la educación y la gestión ambiental”.

"Puentear" al personal funcionario

Los colectivos alertan de que el contrato “puentea al personal funcionario” y debilita el papel de la Oficina Técnica Devesa-Albufera (OTDA), un servicio público que —recuerdan— ha gestionado el espacio durante más de cuatro décadas con independencia técnica y sin conflictos de intereses. A su juicio, la externalización permite “sustituir un servicio público por informes encargados a consultoras privadas para validar decisiones políticas ya adoptadas”, una práctica que, advierten, pone en riesgo la coherencia ecológica y la gestión basada en criterios científicos.

Desde la Concejalía de Devesa-Albufera, que dirige José Gosálbez (Vox), niegan que el contrato suponga una externalización del servicio. Según defienden, la licitación se limita a la elaboración de informes concretos para tareas de apoyo y soporte técnico, mientras que los informes vinculados a los expedientes administrativos y la toma de decisiones seguirán siendo elaborados por personal funcionario municipal.

El Ayuntamiento sostiene que se trata de un contrato de asistencia técnica, similar a los que se utilizan en otros servicios municipales, y rechaza que vaya a sustituir el trabajo de la Oficina Técnica Devesa-Albufera.

No obstante, tanto sindicatos como ecologistas recuerdan que la OTDA fue creada a principios de los años ochenta y ha sido clave en la recuperación de la Devesa, la delimitación del Parque Natural de l’Albufera y la gestión continuada del espacio al margen de los cambios políticos. Por ello, advierten de que la licitación abre un debate de fondo sobre el modelo de gestión ambiental y el papel del sector público en la protección de un espacio natural considerado patrimonio colectivo de la ciudadanía valenciana.