VALÈNCIA. Ha pasado más de un año desde que el Palacio de Congresos fuera víctima de un fraude de casi 200.000 euros. Los estafadores, todavía sin identificar, se hicieron pasar por representantes de uno de sus proveedor para que la gestora externa del Palacio cambiara sus datos bancarios en la base de datos. El Ayuntamiento de València, del que depende el organismo, llevó a los tribunales a la consultora al considerarla responsable del incidente. Pero la firma, que desde el principio cuestionó esta tesis, ha contrademandado al consistorio.

Durante el fraude, unos estafadores anónimos se hicieron pasar por representantes de un proveedor real mediante cuentas de correo falsas para pedir el cambio de cuenta bancaria en la base de datos del Palacio y que este abonase facturas pendientes por servicios que el proveedor sí había prestado. La compañía gestora del Palacio procedió a la modificación pero defiende que, según los protocolos, es el director financiero del Palacio el que ha de hacer las comprobaciones previas. En este caso, estaba de baja y rebotó el primer correo de los estafadores.

Así pues, la responsabilidad sobre el cumplimiento de los protocolos apunta a ser el eje central del litigio judicial. El Ayuntamiento de València demandó en la vía civil tanto a la gestora externa como al proveedor, y también a la entidad bancaria que tramitó los pagos relativos a una remesa de facturas por valor de 194.000. Con todo, según ha podido saber Valencia Plaza, la consultora ha presentado una demanda de reconvención en el proceso que sigue en el juzgado de Primera Instancia número 20 de Valencia.

En un informe jurídico para el Palacio de Congresos, el abogado de la ciudad concluyó que la consultora "no debió haber hecho las gestiones que hizo sin autorización expresa por parte del director financiero". Por su parte, la compañía respondió en un burofax dirigido al consistorio que "no cabe" imputarle "responsabilidad alguna" y que esta es "única y exclusiva del propio Palacio" porque el protocolo de seguridad era "sistemáticamente incumplido" por el director financiero del Palacio de Congresos y que "de haberse cumplido el procedimiento se hubiera evitado el fraude ocasionado al Palacio".

Una demanda de reconvención es una suerte de contrademanda que puede presentar quien ya ha sido demandado. Es decir, en ella la parte no solo se defiende de las acusaciones en su contra, sino que aprovecha el mismo proceso para reclamar algo contra quien lo llevó a los tribunales. En este caso, contra el Ayuntamiento de València, que decidió a través del Palacio de Congresos rescindir de manera anticipada el contrato con la empresa, que preveía dicha posibilidad ante las faltas graves y muy graves. La firma reclama 10.000 euros por daños y perjuicios.

En la práctica, la reconvención convierte al demandado en demandante y al demandante en demandado dentro del mismo juicio, lo que agiliza el proceso y evita que se abran dos casos separados. Ahora, el Ayuntamiento de València ha de responder a esta contrademanda y, una vez recibido todo, el juzgado convocará a las partes en su momento a una audiencia previa, donde deberán presentar sus solicitudes de prueba, como paso previo al posible juicio.

Esto, en lo que respecta al litigio civil. En paralelo, sigue la investigación penal abierta en el juzgado de Instrucción número 13 de Valencia y sobre la que no se conocen novedades hasta el momento. En su momento, el Ayuntamiento dijo que el banco había devuelto el importe de 12 facturas por valor de 46.700 euros aproximadamente, un 23% del montante total estafado, pero no se explicó en qué concepto se hizo este reintegro y si fue el banco o de la misma cuenta de los estafadores.