VALÈNCIA. El Ayuntamiento de València ha reducido en un 55% el gasto sin fiscalización previa en 2024 respecto al ejercicio del año anterior. El informe anual de la Intervención General municipal detalla que, en 2024, todavía se identificaron un total de 280 expedientes en los que se adoptaron acuerdos con omisión del trámite de fiscalización previa, por un importe total de 46,2 millones de euros. Esto implica que estas operaciones económicas fueron ejecutadas sin la revisión previa de la Intervención General.

La reducción es significativa si se compara con ejercicios anteriores. En 2023, en el año mixto Ribó-Catalá, se tramitaron un total de 2.083 expedientes sin fiscalización previa, por un valor de 101,8 millones de euros, mientras que en 2022 la cifra de expedientes fue menor, con 584, pero por un valor que superó los 136 millones. Esto implica que, en 2024, se recortó un 66% el gasto total sin fiscalizar respecto a 2022.

"Mayor diligencia"

La concejal de Hacienda y Presupuestos, María José Ferrer San Segundo, ha destacado que el informe "pone de manifiesto la mayor diligencia en la gestión de este equipo de gobierno frente a la anterior de Compromís y PSOE". La edil ha señalado la reducción “a una tercera parte” de la cifra de gasto sin fiscalización respecto al último ejercicio completo del gobierno del Rialto. Ferrer San Segundo también ha subrayado que, en 2024, no se ha adoptado ninguna resolución en contra de los reparos del Interventor.

La omisión del trámite de fiscalización previa se produce cuando un gasto municipal se aprueba sin que el Interventor General haya podido revisar previamente su legalidad y viabilidad. La omisión de fiscalización previa no implica necesariamente una ilegalidad, pero sí representa un incumplimiento del procedimiento administrativo, lo que puede derivar en problemas de control y auditoría.

En 2024, la mayoría de estos expedientes, que se tramitaron sin control previo, fueron aprobados por la Junta de Gobierno Local (156 expedientes, por un importe de 35,9 millones de euros), mientras que el Pleno municipal adoptó 124 acuerdos sin fiscalización previa, por un total de 10,2 millones de euros.

Anomalías en la Gestión de Ingresos

El documento también detalla la gestión de ingresos municipales, en la que se han detectado 36 expedientes con anomalías por un importe total de 155.797 euros. Todas las incidencias se deben a la omisión del trámite de fiscalización previa, lo que supone que determinados ingresos se han contabilizado sin el control previo de la Intervención General.

Aunque la cifra es relativamente baja en comparación con los gastos sin fiscalizar, el informe subraya la importancia de reforzar los mecanismos de supervisión para garantizar la correcta ejecución presupuestaria.

Además, el informe analiza el control de las cuentas justificativas y anticipos de caja fija, destacando que se han revisado 62 cuentas por un total de 9,68 millones de euros. De estas, 13 cuentas justificativas corresponden a órdenes de pago a justificar por 9,55 millones de euros, mientras que 49 expedientes pertenecen a anticipos de caja fija por un total de 133.135 euros. Aunque la mayoría de estas cuentas fueron consideradas conformes, algunas presentaron observaciones que han sido reflejadas en el informe para su seguimiento.

Tras dar cuenta en el Pleno de este martes, el informe será remitido a la Sindicatura de Comptes y a la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana antes del 30 de abril de 2025, como establece la normativa. Estos organismos podrán evaluar si las irregularidades detectadas requieren medidas adicionales o si es necesario reforzar los controles internos del Ayuntamiento. A pesar de la reducción en el volumen de expedientes sin fiscalizar, el documento subraya la necesidad de continuar mejorando los procedimientos administrativos para evitar que en el futuro se repitan omisiones en la fiscalización previa.