ALICANTE (EP). El Consell ha aprobado el anteproyecto de Ley del Suelo de la Comunitat Valenciana, cuya puesta en marcha avanzó el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca (PP), la semana pasada durante un desayuno informativo. Pretende "establecer un nuevo marco regulador de la ordenación del territorio y del urbanismo" para tener "una normativa clara, coherente y técnicamente rigurosa para afrontar los actuales retos territoriales y urbanísticos".
Según el vicepresidente tercero de la Generalitat Valenciana y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, el 'popular' Vicente Martínez Mus, la norma "simplifica, clarifica y moderniza", "ordena antes de urbanizar", "protege sin bloquear" y "agiliza sin renunciar a las garantías ambientales".
Durante la rueda de prensa ofrecida tras el pleno del Consell, que se ha celebrado este viernes en Alicante, Martínez Mus ha resaltado que se trata de una de las reformas "más importantes" previstas en esta legislatura y que nace para "recuperar el sentido común" en la planificación territorial y urbanística.
La nueva norma sustituye íntegramente al Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de junio, tras las sucesivas modificaciones introducidas desde la aprobación de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de 2014, que han dado lugar a un marco legal "fragmentado y complejo", según ha indicado la Generalitat en un comunicado.
El Consell ha sostenido que el anteproyecto es el resultado de "un proceso abierto de reflexión en el que han podido participar administraciones, agentes sociales y ciudadanía". Así, la norma se orienta a "simplificar trámites, eliminar cargas innecesarias, corregir incoherencias y clarificar la redacción, garantizando la protección del territorio, el respeto al medio ambiente y la seguridad jurídica", ha señalado.
Asimismo, ha continuado, "presta una atención preferente al acceso a la vivienda, especialmente a la vivienda sujeta a algún régimen de protección pública, y proporciona un marco estable y previsible para facilitar la aplicación de las políticas urbanísticas y territoriales".
"Mayor agilidad"
La Generalitat ha precisado que entre las principales novedades de la nueva ley están que se sitúa la ordenación territorial como "pieza estructural del sistema, alineando las políticas de vivienda, industria, infraestructuras, transporte y protección ambiental".
En este sentido, el nuevo Plan General "pasa a configurarse como un instrumento esencialmente estratégico y directivo", mientras que la ordenación pormenorizada corresponderá al planeamiento de desarrollo, "lo que permitirá aprobar, revisar y adaptar el planeamiento con mayor agilidad".
Asimismo, se crea el Plan Urbanístico Simplificado para municipios pequeños o en riesgo de despoblación, "con una menor carga técnica y trámites proporcionados a sus necesidades, reforzando la adaptación de la gestión urbanística a las características del medio rural".
La norma también regula las edificaciones preexistentes fuera de ordenación mediante órdenes individualizadas de minimización, "que exigirán condiciones de seguridad, salubridad e integración paisajística".
"Reservas de edificabilidad residencial"
En materia de vivienda, el anteproyecto establece "reservas de edificabilidad residencial" alineadas con la legislación básica estatal: un 40 por ciento en suelo urbanizable y un 20% en actuaciones de reforma o renovación en suelo urbano.
Por otra parte, incorpora los Proyectos de Interés Autonómico (PIA) como "instrumentos para la implantación ágil de iniciativas estratégicas en términos de inversión y creación de empleo estable". Estos proyectos podrán aprobarse en un plazo de seis meses --si requieren de licencia ambiental-- o de nueve --si precisan de Autorización Ambiental Integrada--, previo acuerdo del Consell.
La ley también precisa el régimen del suelo no urbanizable, distinguiendo entre suelo común y protegido, y establece fórmulas "más flexibles" de gestión urbanística que incorporan la colaboración público-privada, la gestión municipal y la gestión por los propietarios.
Respecto a la intervención administrativa, el texto, según el Consell, "clarifica" la distribución entre licencias y declaraciones responsables e incorpora la licencia básica o de aspectos "esenciales" para "agilizar, en determinados supuestos, la actividad edificatoria". Asimismo, mantiene la ayuda de entidades colaboradoras urbanísticas en la tramitación de licencias.
Y ha subrayado que la disciplina urbanística "se refuerza" mediante la actuación de la Agencia Valenciana de Protección del Territorio (AVPT) para "garantizar una aplicación homogénea de la normativa y una respuesta más eficaz frente a las actuaciones ilegales".
Según la Generalitat, "la ley apuesta por un modelo urbanístico basado en la rehabilitación, la movilidad sostenible, la eficiencia energética y el equilibrio territorial, reforzando la coherencia del sistema y la seguridad jurídica".
