VALÈNCIA (VP/EP). La Agencia Valenciana Antifraude afirma que corresponde al Ayuntamiento de València "evaluar las posibles responsabilidades legales" que se puedan derivar de la "falta de veracidad" en las Declaraciones de Ausencia de Conflicto de Intereses (DACI) del concejal de Contratación, José Marí Olano (PP), en varias adjudicaciones del consistorio. Un proceso en el que ha decidido abstenerse, sin aclarar los motivos para esta decisión, el propio director de la agencia, Eduardo Beut.

Así figura en la resolución definitiva del órgano de control sobre la denuncia que sostenía que el concejal incumplió el deber de abstenerse en la Mesa de Contratación al haber mantenido en los dos últimos años una relación profesional con una de las empresas licitadoras en varios expedientes de contratación, entre ellos las obras de regeneración urbana y renaturalización de las Avenidas Pérez Galdós y Giorgeta, el Servicio de explotación y mantenimiento del sistema municipal de saneamiento de la ciudad o los huertos urbanos de Orriols.

El informe -fechado el 4 de mayo y cuyo contenido ha sido dado a conocer este miércoles en rueda de prensa por la portavoz de Compromís per València, Papi Robles, y el concejal Ferran Puchades- ratifica la conclusión provisional que apunta a la existencia de "vicios que afectan a la legalidad del procedimiento".

El órgano resuelve que, dado que el consistorio "no tenía conocimiento de las actividades profesionales privadas realizadas por el concejal, no se puede responsabilizar a esta institución de la falta de veracidad en las Declaraciones de Ausencia de Conflicto de Intereses (DACI) del edil. Sin embargo, considera que "le compete evaluar las posibles responsabilidades legales que se deriven de dicha falta de veracidad, considerando que el concejal se ha opuesto reiteradamente a facilitar información sobre este asunto".

Para Compromís, este dictamen definitivo -que la agencia ha emitido tras recibir las alegaciones del regidor- "ratifica todas las conclusiones del documento provisional sobre la gestión del concejal José Marí Olano en el área de contratación e incorpora un elemento nuevo de gran trascendencia, ya que apunta a posibles responsabilidades legales derivadas de la falta de veracidad en las declaraciones de ausencia de conflicto de interés firmadas por el edil".

Papi Robles ha subrayado que el documento "mantiene punto por punto todas las irregularidades ya avanzadas por la coalición valencianista el pasado lunes y desmonta el relato del gobierno de la alcaldesa, María José Catalá, que había intentado desacreditar las conclusiones del informe provisional".

En este sentido, la representante de Compromís ha resaltado que la novedad más relevante es que Antifraude exime al Ayuntamiento de responsabilidad directa porque "no tenía conocimiento" de las actividades profesionales privadas de Marí Olano, pero "deja claro" que corresponde ahora al consistorio "evaluar las posibles responsabilidades legales" derivadas de esa ocultación, especialmente porque el concejal "se ha opuesto reiteradamente a facilitar información sobre este asunto".

En su opinión, la resolución es "demoledora": "Antifraude dice claramente que el problema es Marí Olano, que ocultó información, que no actuó con veracidad y que ahora el Ayuntamiento debe evaluar responsabilidades legales". "La pregunta es por qué Catalá continúa protegiéndolo", ha planteado.

La portavoz ha cargado contra la actitud de la alcaldesa, a la que "hemos visto estos días muy indignada con Compromís por revelar la información, pero no igual de indignada con el concejal que ha puesto en riesgo 255 millones de euros de contratos municipales, 21 de ellos financiados con fondos europeos". "Es intolerable", ha aseverado.

Entre las conclusiones del informe definitivo, figura también que la comunicación de la abstención analizada "no reúne los requisitos mínimos de validez al omitir la identidad del sujeto que genera el conflicto de interés"; un defecto en la constitución de la Mesa de Contratación por falta de quórum; incumplimiento del procedimiento formal de abstención; incoherencia en las declaraciones de ausencia de conflicto de interés y vulneración del Plan de Medidas Antifraude y riesgo para la financiación.

Además, aunque señala que si bien la intervención del presidente no parece haber sido determinante en el resultado final (al existir un informe técnico previo y voto por unanimidad), este hecho "no convalida los defectos de forma y procedimientos señalados".

Por último, Antifraude da tres meses al Ayuntamiento para aplicar medidas correctoras e informar sobre los cambios en los procedimientos de contratación y control de conflictos de interés.

Por su parte, Ferran Puchades ha explicado que "el propio Marí Olano reconoce en sus alegaciones que participó en tres mesas de contratación antes de darse cuenta de que tenía relaciones profesionales con una de las empresas implicadas".

"Confesión gravísima"

"Él mismo admite que no se dio cuenta hasta la cuarta mesa. Es una confesión gravísima", ha remarcado el concejal de Compromís, que ha incidido igualmente en que Antifraude "mantiene intacto uno de los fragmentos más duros del informe, donde se señala que, por su condición de abogado del Estado y profesional del sector privado, a Marí Olano se le presupone un estándar de diligencia superior" a la hora de identificar conflictos de interés".

La coalición reprocha a Catalá que "haya intentado desviar la atención acusando a Compromís de vulnerar la confidencialidad de la investigación", algo que es "falso", puesto que la investigación "ya había concluido cuando hicimos públicas las conclusiones". "Lo que quiere Catalá es matar al mensajero porque no puede defender los hechos", ha afirmado Puchades.

PSPV: "Mano derecha" de Catalá

Sobre este asunto también se ha pronunciado, en un comunicado, el portavoz socialista en el Ayuntamiento, Borja Sanjuán, quien ha lamentado que María José Catalá "siga sin tomar medidas después de que el informe definitivo de la Agencia Antifraude haya certificado las irregularidades cometidas por su mano derecha en el consistorio, José Marí Olano, participando en la mesa de contratación en diferentes adjudicaciones a pesar de su conflicto de intereses".

"Antifraude ya concluye en su informe definitivo que es el Ayuntamiento quien tiene el deber de exigirle responsabilidades legales a su concejal de contratación José Marí Olano por trabajar para empresas privadas en las cuales participó de licitaciones millonarias que fueron adjudicadas a las mismas. Esto pone en riesgo más de 200 millones de euros del Ayuntamiento de València y, sobre todo, está permitiendo que una persona que trabaja de manera privada para estas empresas participe de la asignación del dinero público de esta ciudad", declara.

Al parecer de Sanjuan, "Catalá se queda sin excusas para actuar de una vez ante las numerosas irregularidades que ha cometido Olano desde el gobierno municipal con su consentimiento".

El Ayuntamiento destaca que Antifraude le exime de responsabilidad

Por su parte, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de València, formado por PP y Vox y presidido por María José Catalá (PP), ha destacado que la Agencia Valenciana Antifraude exime al consistorio de responsabilidad en las abstenciones planteadas por el edil en la Mesa de Contratación municipal ante varias adjudicaciones del consistorio.

El ejecutivo local agrega que en este documento definitivo "también queda claro por las alegaciones municipales que la abstención o no del concejal Marí Olano no hubiera variado la decisión de la Mesa de Contratación", por lo que sostiene que "no alteró el sentido de los acuerdos tomados".

"No ha cambiado el sentido de los acuerdos, ya que estos no se apartaron de lo propuesto por los informes técnicos previos de los servicios gestores, ni por el servicio de contratación. Y todos se adoptaron por unanimidad", expone también el equipo de Catalá.

Asimismo, remarca que Antifraude "no pide la revisión de oficio de las contrataciones" y que "traslada una serie de recomendaciones de mejora que los técnicos municipales van a estudiar".