VALÈNCIA (EP). El equipo de Gobierno de Catalá ha defendido la adhesión de València a la Red de Municipios Afectados por la Ocupación (Red MAO), que se debate en el pleno municipal de este martes, porque ha si se da seguridad jurídica a los propietarios de los inmuebles se facilita el alquiler y ha recalcado: "los propietarios de las viviendas tienen el derecho y la expectativa legítima a que los poderes públicos hagan algo en defensa de sus derechos de propiedad".
Por contra, desde los grupos municipales de PSPV y Compromís han criticado que València haya cerrado la oficina antidesahucios para "abrir una oficina antiokupación" con "un falso relato para legitimar la especulación inmobiliaria". Además, han cuestionado "qué credibilidad tiene este gobierno cuando uno de sus concejales --en referencia a Juan Manuel Badenas- está investigado un presunto delitos de allanamiento del domicilio de una persona jurídica".
El concejal responsable de Movilidad y Seguridad en la capital valenciana, el 'popular' Jesús Carbonell, ha defendido la política de Vivienda del equipo de Catalá porque "abarca ambas medidas; ayuda al que busca vivienda y da seguridad para el que la tiene y pretende alquilarla porque si no, no la alquilará y no facilitará el alquiler para el que la necesita".
Así, ha señalado que el objetivo de la red MAU, del cual ya forman parte 45 municipios, es "facilitar asesoramiento, asistencia, instrumentos de coordinación para los departamentos afectados en materia de ocupación, que no es sólo con carácter policial, es que afecta también a servicios sociales y también a las competencias de vivienda, por tanto son tres delegaciones las afectadas: Servicios Sociales, Policía, y Vivienda".
Además, ha destacado que esta red "carece de personalidad jurídica, y no va a generar un gasto, recibirá y recabará información sobre problemáticas, las iniciativas realizará un mapeo para conocer los lugares de más incidencia y constituirá servicios de asesoramiento y asistencia".
Carbonell ha reprochado a la oposición que digan que la ocupación no es un problema: "Al inicio de esta legislatura, solamente en el barrio de Orriols había 60 viviendas ocupadas. En el primer semestre de 2025, en la totalidad de la ciudad había 82".
"Se está reduciendo la ocupación, desde luego, claro, gracias al trabajo que se está desarrollando", ha recalcado Carbonell, que ha señalado hay que "tener en cuenta que los propietarios de las viviendas tienen el derecho y la expectativa legítima a que los poderes públicos hagan algo en defensa de sus derechos de propiedad".
Por contra, el portavoz socialista ha criticado que el Pleno "haya rechazado en muchas ocasiones declarar a València zona tensionada porque la gente no puede pagarse una vivienda" y "ahora se vaya a declarar municipio afectado por la okupación ilegal" cuando es "una situación que no tiene nada que ver con la realidad".
"Cuando ustedes llegaron aquí, al Ayuntamiento, había una oficina por el derecho a la vivienda que cuando la cerraron tenía 6.000 expedientes pendientes de atender, 6.000 vecinos que tenían un problema porque, con toda seguridad, el mercado de la vivienda les estaba expulsando y extorsionando, y decidieron dejarlos de atender para abrir una oficina antiokupación presumen de que estaba atendiendo 59 casos en una ciudad donde hay más de 400.000 inmuebles, es el 0,0001% de problema", ha recriminado.
Por ello, ha subrayado que el problema de València no es la okupacióm sino la especulación inmobiliaria y por la avaricia de unos pocos, una sola persona física acumula 318 viviendas mientras para la gran mayoría, los precios son absolutamente impagables". "Es un problema de corte democrático que unos pocos hagan mucho dinero con el sufrimiento de la mayoría y las Administraciones deben hacerse cargo de este sufrimiento", ha reivindicado el portavoz socialista Borja Sanjuan que ha puesto el ejemplo de Maricarmen, la mujer de 87 desahuciada en Madrid .
"El problema solo se ha solucionado cuando se le ha puesto nombre y apellidos, las instituciones democráticas deberíamos estar señalando en estos momentos a las personas que están vaciando nuestras ciudades de vecinos para llenarse los bolsillos y ustedes lo que están haciendo, aprobando esta moción, es darles una coartada. Ustedes ahora mismo son el tonto útil de quien está echando a los valencianos de València", les ha reprochado.
"Fanatismo ideológico"
Del mismo modo, desde Compromís Ferran Puchades ha criticado que esta moción es "una absoluta expresión de fanatismo ideológico y de sectarismo doctrinario" y ha señalado que es "un acto casi pornográfico" que al Gobierno de Catalá la presenten coincidiendo con el debate social generado desahucio de Maricarmen.
"Qué tipo de compasión, de caridad, de misericordia, demuestra este Gobierno municipal en todas las cuestiones relacionadas con la política de vivienda y, en concreto, con los desahucios", ha cuestionado Puchades que ha recalcado que son "virtudes absolutamente ligadas a la fe cristiana, pero también a la dignidad humana".
Puchades ha ironizado con que València sí que se necesita "estar en esta red" porque "desde que está este Gobierno ya se han ocupado cuatro locales municipales" y ha cuestionado "qué credibilidad tiene este gobierno cuando un de sus concejales --en referencia a Juan Manuel Badenas está investigado un presunto delitos de allanamiento del domicilio de una persona jurídica" por su entrada a la sede del Sindicat d'Estudiants del País Valencià.
Carbonell le ha replicado que este ayuntamiento "estará siempre del lado de la legalidad, lo que comporta apoyar a los propietarios y también apoyar a los concejales que en el ejercicio de sus competencias pues también acceden a los locales, salvo que un juez diga lo contrario".
