VALÈNCIA (AGENCIAS/VP). Un informe elaborado por la secretaria del Ayuntamiento de València cuestiona la contratación de un exempleado del Consorcio Valencia 2007, a partir de la liquidación de este organismo, como administrativo en la Fundación Visit Valencia, dependiente del consistorio, y pide esperar a la resolución del proceso abierto "ante la jurisdicción social" para adoptar las correspondientes medidas.
La secretaría general de esta administración municipal indica en ese documento que "en el momento de efectuar la propuesta de contratación el aspirante ya no reunía los requisitos exigidos en la convocatoria" y alude así a la pérdida de la condición de empleado público. Tener esa condición era uno de los requisitos establecidos para cubrir esa plaza. Por ello, el criterio de la secretaría es que "tal contratación debe reputarse nula".
Concretamente, el informe señala lo siguiente: "Es cierto que el extenso informe emitido por la Subdirección mantiene la corrección de la decisión de Visit justificando la misma pero lo bien cierto, a criterio de esta secretaría, es que se incumplieron los requisitos fijados en las bases, requisitos que además, eran esenciales ya que suponía, precisamente, la posibilidad de participar en un procedimiento de acceso excepcional reservado a empleados públicos, como ya ha quedado dicho, con lo que tal contratación debe reputarse nula a criterio de esta secretaría", señala el documento.
En el documento se expone además que el aspirante "no fue ajeno" a esta circunstancia y apunta que "ha sido él directamente responsable de su situación, al no informar aparentemente de la pérdida de su condición de empleado público cuando participó en el procedimiento de selección".
En la misma línea, indica que "en el momento de efectuar la propuesta de contratación el aspirante ya no reunía los requisitos exigidos en la convocatoria, lo cual contradice las bases claramente" y determina que "no se debió formalizar el contrato de trabajo con el aspirante, o en su caso y atendiendo a cuanto se indica en el apartado siguiente, haber condicionado al resultado del proceso ante la jurisdicción social".
"Esta secretaría sería partidaria, dada la actual situación fáctica y jurídica, de esperar a la resolución de proceso ante la jurisdicción social valorando en tal momento las medidas a adoptar", apunta el informe, que precisa que esa es una labor que corresponderá a Visit València.
"Catalá vendió como modelo de legalidad precisamente el caso que ahora su propio secretario le desmonta", ha señalado el edil de Compromís Ferran Puchades, para quien "cada vez que la alcaldesa ha intentado defender este proceso, ha aparecido una nueva irregularidad que la contradice."
"En conocimiento de la Fundación"
El informe también recoge que la pérdida de la condición de empleado público "se debería haber puesto en conocimiento de la fundación -Visit València- por parte del trabajador" y expone que no consta "en la documentación si este hecho se produjo".
La elaboración de este informe fue solicitada a la secretaría general municipal por parte de la Alcaldía respecto a los procedimientos utilizados por las distintas entidades del sector público local en los han participado extrabajadores del Consorcio Valencia 2007.
El documento fue pedido "como ampliación del informe emitido" por esta secretaría en septiembre de 2024 a partir de una moción del PSPV-PSOE presentada en el pleno de esta corporación local "para la aprobación de la reasignación del personal laboral del Consorcio Valencia 2007 al Ayuntamiento de València o a cualquiera de los entes instrumentales, organismos autónomos, empresas públicas o fundaciones vinculadas o dependientes" del consistorio.
El pasado mes de abril se supo que la Fiscalía Anticorrupción ha abierto diligencias de investigación contra la alcaldesa de València, María José Catalá, y la presidenta del Puerto, Mar Chao, por presunta prevaricación, en relación con una supuesta "recolocación" de personal público "a dedo". También se dirigen contra la concejalas -de Deportes- Rocío Gil y -Turismo- Paula Llobet y cuatro trabajadores públicos por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias. Los dos grupos de la oposición en el consistorio, Compromís y PSPV, pidieron al ministerio público que se investigue también al concejal de Grandes Proyectos y Contratación, José Marí Olano.
El informe concluye que "solo hay trabajando en el conjunto del sector público del Ayuntamiento de València un trabajador que hubiera prestado servicios en el Consorcio Valencia 2007, el administrativo citado en Visit València.
La secretaría municipal ha analizado también las formas de provisión de puestos de trabajo de la Fundación Deportiva Municipal (FDM) y sostiene que "son correctas". "No se aprecia, en ninguno de los expedientes tramitados por la FDM, trato de favor a personal perteneciente al Consorcio Valencia 2007 ni a personal de ninguna otra entidad sin que personal proveniente del citado Consorcio haya accedido a este organismo autónomo municipal".
"No consta en la documentación la participación de la Alcaldía"
El documento de la secretaría municipal analiza también "la responsabilidad de los miembros de la corporación" y señala que "no consta en la documentación consultada la participación de la Alcaldía -que ostenta María José Catalá- de ningún modo", además de detallar que no tiene "competencia sobre la materia".
Del mismo modo, indica que tampoco consta "la participación de la concejal de Turismo y presidenta" de Visit València, Paula Llobet , ni del edil José Marí Olano, ambos también sin competencia sobre la materia.
Respecto a Rocío Gil, comenta que "en los expedientes de la FDM consta en todos sus actos informes favorables y fundados en derecho siendo los actos previos, coetáneos y posteriores acordes con el contenido de los citados informes".
El Ayuntamiento destaca que el informe subraya que no hubo "trato de favor"
Por su parte, desde el Ayuntamiento de València liderado por María José Catalá (PP) han puesto el acento en que el informe realizado por la secretaria municipal como la asesoria jurídica concluye que no existió "trato de favor" en la contratación del extrabajador del Consorcio y que tampoco hubo "discriminación ni intervención política" en los procesos de selección analizados. Así, subrayan que los informes ponen de manifiesto que el consistorio ha actuado "con transparencia, conforme a derecho y respetando los derechos de igualdad, mérito, capacidad y publicidad".
