VALÈNCIA. Parecía que la última sentencia del Tribunal Supremo cerraba el capítulo judicial sobre la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) del Puerto de Valencia al avalar el Plan Especial por la imposibilidad de su reversión. Sin embargo, no es así. El alto tribunal ha emitido un nuevo fallo que reabre la disputa y remite el caso al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) para que se pronuncie sobre las posibles infracciones de la normativa valenciana denunciadas por la asociación Per L'Horta.

El Tribunal Supremo se pronunció el pasado mes de marzo en el procedimiento abierto por el recurso de la asociación La Punta Unificadora. Entonces, consideró que el Plan Especial de la ZAL se había tramitado por una vía inadecuada al aplicar el procedimiento ambiental simplificado cuando tendría que haberse seguido el procedimiento ordinario, que tiene muchas más garantías. Pero avaló el plan atendiendo a la "situación fáctica" de los terrenos y al considerar "evidente" que la administración no podía devolver el suelo a su uso rústico agrícola.

Sin embargo, la disputa seguía pendiente de otro procedimiento iniciado por la asociación ecologista Per L'Horta, cuyo recurso contenía muchos más argumentos contra el Plan Especial, aprobado por la Generalitat Valenciana en 2018. En virtud de este recurso, el TSJ valenciano anuló el Plan, pero quedándose en el análisis sobre el procedimiento ambiental empleado y considerando "innecesario [...] analizar los demás motivos impugnatorios".

Pues bien, tras recurrir la Generalitat y el Puerto al Supremo, ahora el alto tribunal reafirma su criterio esgrimido en el fallo de marzo -asume la realidad "fáctica" de los terrenos y su imposibilidad de reversión pese a la ilegalidad del procedimiento ambiental- pero devuelve la causa a la Sala del TSJCV para que se pronuncie por el resto de argumentos que planteaba Per L'Horta.

"Una vez resuelto el recurso de casación [...], procedería examinar sucintamente el resto de los motivos de ilegalidad alegados en la instancia por la parte actora", señala la sentencia, a la que ha tenido acceso Valencia Plaza. Se trata de "motivos que no fueron objeto de enjuiciamiento por la Sala de Valencia al acoger la Sala uno de los motivos de nulidad sin entrar a examinar el resto de los alegados", explica el fallo, que incide en que estos "motivos adicionales" se fundan "en infracciones del derecho autonómico valenciano", por lo que es el TSJ valenciano el que ha de examinarlos.

"Irresponsable"

El fallo del Supremo, dictado por el magistrado Carlos Lesmes el pasado 30 de octubre, se dio a conocer este lunes por la asociación ecologista, que celebró la resolución ante la posibilidad de que el TSJ pueda atender otros motivos para anular el Plan Especial.

“Si el Tribunal Superior de Justicia confirma la ilegalidad del Plan Especial de la ZAL, tal y como ya ha declarado en dos ocasiones el Tribunal Supremo, no solo será imposible para el Puerto cumplir con los compromisos contraidos con las empresas adjudicatarias de parcelas sino que también el ayuntamiento de Valencia se vería implicado en la transformación ilegal del suelo, al haber otorgado autorización para reurbanizar y para la instalación de actividades privadas imposibles de ejecutar por falta de cobertura urbanística”, apuntaron desde la asociación.

En ese sentido, consideraron difícil de "entender" con "varias sentencias desfavorables" la "obstinación del Puerto de Valencia en proseguir con las actuaciones en la ZAL. "Se empeñó en licitar la ocupación de parcelas para acelerar el establecimiento de empresas privadas en una zona cuya reclasificación y urbanización sigue cuestionada en los tribunales", criticaron, para insistir en que se trata de "un comportamiento realmente irresponsable".

Las empresas interesadas en las parcelas, preocupadas

Tras la sentencia de marzo, el Puerto inició los trámites para activar la ZAL y el Ayuntamiento empezó a dar las primeras licencias. Con todo, lo cierto es que las empresas que aspiran a quedarse con los derechos de superficie de algunas de las parcelas de la zona de actividades logísticas han mostrado ante el Puerto su preocupación.

Así, en uno de los procesos abiertos lanzados para la adjudicación de derechos de superficie de tres manzanas de la ZAL, la compañía del Puerto, VPI Logística, ha recibido consultas sobre los litigios pendientes, lo cual evidencia la preocupación de los interesados en las dipustas judiciales todavía abiertas. En ese sentido, pedían aclarar qué pasaría si "la eventual anulación del Plan Especial impidiese temporalmente la obtención de licencias de obra, actividad u ocupación y, en definitiva, si se retrasase o se suspendiese la edificación o explotación de las parcelas".

En su respuesta, VPI recuerda que el Plan Especial no se ha anulado y explica que "en el hipotético caso de que una resolución judicial impidiese temporalmente la obtención de licencias de obra, actividad u ocupación y si se retrasase o se suspendiese la edificación o explotación de las parcelas, se adoptarían, por parte del Consejo de Administración de la sociedad, los acuerdos necesarios para adaptar la situación contractual a este supuesto de cambio de circunstancias y mantener el equilibrio de las prestaciones; siendo aceptable la propuesta que se consulta".