VALÈNCIA (EP). La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha rechazado suspender cautelarmente la ejecutividad del acuerdo del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) de diciembre de 2022 por el que se aprueba el proyecto de construcción del muelle de contenedores de la ampliación norte del Puerto de Valencia.

Los magistrados han desestimado así, en un auto notificado este miércoles a las partes, la solicitud presentada el pasado 27 de enero por Acció Ecologista Agró, miembro de la Comissió Ciutat-Port, que basaba su escrito en un informe pericial que concluye que "procede efectuar una nueva evaluación de impacto ambiental ordinaria".

La Sala, sin prejuzgar el fondo del asunto, entiende que la petición de la parte actora se sustenta exclusivamente en un dictamen pericial, discutido por la Administración demandada y que ha de ser valorado por el Tribunal "una vez efectuadas las aclaraciones al mismo ya planteadas, en contraste con los demás elementos de prueba", según ha informado el TSJCV en un comunicado.

El Tribunal recuerda que el asunto presenta una "indudable complejidad", como demuestra el montante económico de las obras, con un presupuesto base de ejecución de más de 660 millones de euros.

Además, agrega que la valoración de ese dictamen pericial "habrá de acometerse más adelante", pero "en lo tocante a la pertinencia o no de la suspensión cautelar poco o más bien nada ilustra a la Sala, en tanto que versa sobre cuestiones de fondo".

Igualmente, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso asegura que la pretensión cautelar "no aborda la ponderación de los intereses en conflicto".

Esa valoración "mal podría conducir a la satisfacción de la medida cautelar -recoge el auto-, ante "la envergadura de la obra portuaria de ampliación de uno de los puertos más importantes del mar Mediterráneo (si no el más en tráfico de contenedores)".

En esta línea, los magistrados destacan las consecuencias económicas que conllevaría una eventual suspensión cautelar del proyecto y que están recogidas detalladamente en un informe técnico suscrito por el jefe de Dominio Público de la Autoridad Portuaria de Valencia.